SUBIÓ ayer la izquierda abertzale un significativo escalón en la presión coactiva que viene ejerciendo sobre el normal desarrollo de la campaña electoral, al forzar el desalojo de 40 de sus simpatizantes del Ayuntamiento de San Sebastián, que habían irrumpido en el Pleno municipal. Los dirigentes de Batasuna han de ser conscientes de que el pulso continuado que mantienen con el Estado de derecho avala a cada paso las medidas restrictivas que se han impuesto a su concurrencia electoral. Por lo que tanto su cobertura ideológica a los reiterados ataques contra el resto de partidos, como su evidente padrinazgo de alguno de los últimos gestos de tensión -dos de sus ex concejales participaron ayer en el incidente de San Sebastián-, no tienen otro objetivo que intentar deslegitimar la contienda electoral y provocar a la democracia para encontrar en la legítima respuesta de ésta la excusa con la que perpetuarse en la agresión y la violencia.
La gravedad de esa pretensión no se corresponde con la tibieza de algunos discursos políticos y la limitada contundencia policial en la prevención y contención de los altercados, lo que refuerza el sentimiento de impunidad de los alborotadores y la sensación de incredulidad de una sociedad mayoritariamente harta del exhibicionismo intimidatorio de Batasuna y su entorno. Estos últimos días, la izquierda abertzale ha exhibido su virulenta intolerancia contra el ministro de Justicia, el diputado general de Vizcaya, el alcalde de Bilbao y contra representantes institucionales o candidatos del conjunto del arco democrático. Actos cuya ilicitud requeriría, cuando menos, la apertura de diligencias para su esclarecimiento y la eventual depuración de responsabilidades. No basta, como ha hecho el Gobierno vasco, con exigir a la izquierda abertzale que frene las coacciones; ni, como hizo el Fiscal General, con enarbolar genéricas amenazas de reacción cuando, en la práctica, no se procede ni a esa mínima intervención que reclaman las agresiones concretas.
Los poderes públicos están obligados a hacer sentir a quienes se empeñan en vulnerar la ley que ésta dispone de los instrumentos no sólo para impedir que se rebasen sistemáticamente sus límites, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a unas elecciones en paz y libertad.
