Pasado el nubarrón de la disputa sindical, el alcalde retomó el discurso sobre su ideario laboral: «Una plantilla incentivada y que obtenga una remuneración acorde a su esfuerzo». Defendió el marco regulador municipal y recordó que el anterior presidente de la Junta Laboral «decía que estábamos en la vanguardia. ¿No sé qué habrá cambiado en estos cuatro años? El convenio colectivo resiste cualquier comparación», dijo.
Según su opinión, el nuevo acuerdo rubricado ayer se adelanta a las disposiciones de un «marco legal cambiante» y «facilita la conciliación de la vida laboral y familiar». Parte del pacto, señaló, se amolda a las disposiciones de la Ley de Coordinación de Policías Locales y «estará en vigor desde enero de 2008, sin esperar los cuatro años» que da de margen la norma recién aprobada.
El alcalde no desaprovechó la ocasión para lamentar de nuevo que «los ayuntamientos somos los parientes pobres de la democracia», y vaticinó que la norma sobre policías «no va a contar con la necesaria aportación económica del Principado».
Pese al lamento, el regidor anunció que el Ayuntamiento creará 50 plazas de policía en los próximos cuatro años. «La seguridad es el valor más importante para nuestra sociedad», defendió el regidor.
Con la medida anunciada ayer, la Policía Local frenaría la caída del número de efectivos y podría incluso incrementar el número de agentes. Todo depende de la cifra de jubilaciones que se produzcan en esos cinco años entre los actuales 290 funcionarios del servicio, con una edad media de 44 años.
Todos los sindicatos, y también el jefe del área, han denunciado o lamentado en alguna ocasión lo exiguo de la plantilla policial, cuyos funcionarios hacen alrededor de 6.000 horas extraordinarias al año.
1,2 millones de euros
Según cálculos municipales, la aplicación de la Ley de Coordinación de Policía Locales aumentará el gasto en Seguridad Ciudadana en 1,2 millones de euros, al tener que asumir la actual plantilla nuevas funciones, que requerirán un nuevo despliegue, más medios y nuevos equipos, como mínimo.
El Principado no ha concretado aún que cantidades transferirá a los ayuntamientos para afrontar los gastos en que estos incurran para poner en marcha el articulado de la nueva legislación autonómica.
