Contabilidad de la tesorería general de ETA intervenida por la policía gala en Francia revela que el aparato de extorsión, denominado 'Gezi' en clave interna, ha puesto en práctica un nuevo sistema recaudatorio bajo el nombre de secuestro exprés consistente en retener durante una horas a un empresario y obligarle a firmar un pagaré bajo amenazas. Los archivos confiscados a finales de 2002 en Tarbes (suroeste) a Ibon Fernández Iradi, 'Susper', testimonian que 'Gezi' obtuvo una suma global de 700.000 euros durante el trimestre de ese año en que el entramado de cobro del 'impuesto revolucionario' estuvo bajo la presunta resposabilidad del citado supuesto ex dirigente del aparato militar.
En los papeles de 'Susper' figuran tres víctimas del expeditivo procedimiento de chantaje del que no existe constancia pública de denuncias oficiales en España. Se trata de tres empresarios navarros a quienes los cobradores eligieron como objetivos de sus recordatorios personalizados de las deudas contraidas en concepto de 'impuesto revolucionario'. A S.A.G, un chatarrero, le reclamaron 300.000 euros; a J.M.G.M, un industrial, le pidieron otro tanto; y a M.P.S, otro industrial, le exigían 210.000 euros.
Los especialistas antiterroristas franceses subrayan que el nuevo modo operatorio sustituye a los secuestros convencionales de móvil económico que requieren una logística importante y presentan riesgos elevados para los activistas encargados de vigilar al cautivo -el último fue el de Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997, el mismo día que Ortega Lara-. Durante la retención momentánea en el monte o un lugar despoblado, la víctima se ve forzada a firmar un reconocimiento de deuda con ETA y es informada de las modalidades de saldarla, así como de las represalias en caso de impago.
El secuestro exprés es una de las evidencias que maneja la justicia francesa para procesar, por primera vez, a dos presuntos ex-dirigentes de ETA por el delito de extorsión de fondos en banda organizada con fines terroristas, delito penado con un máximo de 30 años de prisión. Esta inédita doble imputación, en dos sumarios diferentes, obedece al descubrimiento de pruebas documentales sobre el cobro en Francia del 'impuesto revolucionario' a empresarios españoles, cuyos datos han sido transmitidos a la Audiencia Nacional. La juez antiterrorista Laurence Le Vert ha dictado autos de apertura de juicio oral, aún sin fecha, ante un tribunal especial de París por estos y otros hechos contra 'Susper' y contra Iñaki Esparza Luri, 'Ana', supuestos ex jefes de los aparatos militar y logístico.
Hasta la fecha los juzgados antiterroristas franceses, centralizados en París, sólo habían llegado a la imputación de receptación de fondos producto de la extorsión por hallazgos de elevadas sumas de dinero en metálico en algún zulo de ETA. Pero los magistrados especializados no habían dado el paso de procesar por extorsión activa pese a ser de dominio público que la recaudación del 'impuesto revolucionario' se realiza mayoritariamente en Francia.
Detenidos en Las Landas
El salto cualitativo en la máquina represiva está motivado por la acumulación de evidencias en operaciones practicadas en los últimos tiempos. Un claro ejemplo se produjo el 10 de enero de 2003 cuando fueron interceptados en Las Landas tres presuntos cobradores en posesión de 72.000 euros que acababan de recibir de un industrial del sector naval, caso aún en instrucción.
Entre los sumarios ya cerrados, 'Susper' inaugura la nueva dinámica con su imputación por 16 expedientes de extorsión a otras tantas empresas por un importe total superior a los cuatro millones de euros. Las fichas correspondientes se encontraban en los archivos que le fueron intervenidos en Tarbes (suroeste de Francia) el 19 de diciembre de 2002. Entre un centenar de casos, la acusación sólo ha retenido las operaciones imputables al presunto mandato de Fernández Iradi durante el otoño de aquel año.
