La compañía Odyssey Marine Exploration -con sede en Tampa, Florida- anticipa que su descubrimiento puede generar reclamos judiciales por parte de Gran Bretaña o España sobre este fabuloso pecio del que ya se han extraído medio millón de monedas de plata, centenares de monedas de oro y otros artefactos. Pero, según sus limitadas explicaciones a través de internet, la empresa insiste en que la jurisprudencia suele otorgar la parte del león a los descubridores de este tipo de pecios «fuera de las aguas territoriales o la jurisdicción legal de cualquier país».
De acuerdo con la empresa: «Si somos capaces de confirmar que otra entidad tiene un legítimo reclamo legal sobre este pecio cuando -y si es posible- se conozca su identidad, tenemos la intención de facilitar un aviso a todas las potenciales partes reclamantes. Si otra entidad es capaz de demostrar que tiene un interés de propiedad en el pecio y/o su carga, que no ha sido abandonado legalmente, Odissey solicitará una compensación por recuperación. En casos similares, los recuperadores han recibido hasta el 90% de lo extraído».
Los responsables de Odyssey insisten también en que no pueden divulgar la identidad del barco con esta carga multimillonaria porque ellos mismos todavía la desconocen. Según sus explicaciones, el pecio «presenta coincidencias con un barco en particular, pero alguna de las evidencias reunidas hasta la fecha son inconsistentes con nuestra investigación». Con todo, la propia empresa ha reconocido que planea una nueva gran expedición para volver a explotar los restos del pecio identificado con la etiqueta de trabajo 'Cisne Negro'. Y que podría aprovechar su retorno al lugar del yacimiento submarino para anunciar la identidad del elusivo pecio.
Sobre el seguimiento que la Guardia Civil viene realizando sobre los movimientos de dos barcos de Odyssey en la zona de Gibraltar, la empresa ha negado cicatería o maniobras de esquinazo. Llegando a afirmar que «cuando operamos en, o cerca de, aguas territoriales españolas, informamos de nuestros planes y movimientos a la patrulla marina de la Guardia Civil antes de enviar nuestros barcos. Ellos son capaces de monitorizar todas nuestras actividades con sus patrulleras o a través de radar, por eso es ilógico sugerir que hemos realizado operaciones ilegales».
