El informe anual del Defensor del Pueblo incluye una recomendación a Asturias sobre la necesidad de revisar la información contenida en los folletos y la página web del programa de reducción de riesgos en el consumo de drogas Zona Clave. En concreto, Enrique Múgica insta a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado a «ajustar» los contenidos del programa «a los criterios objetivos aceptados por la comunidad científica» y a «hacer mayor hincapié en los efectos nocivos para la salud del consumo de drogas».
El Defensor del Pueblo formula esta recomendación admitida por la Administración asturiana- con motivo de la difusión de folletos editados y distribuidos en el marco del programa Zona Clave, «con contenidos de interpretación ambigua que podrían minimizar los riesgos existentes en el consumo de sustancias tóxicas».
En el informe, resalta la necesidad de incrementar el número de profesionales dedicados a la elaboración de este programa, gestionado por la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas de Asturias y puesto en marcha por el Conseyo de la Mocedá en Gijón, con el respaldo del Ayuntamiento de Gijón.
La iniciativa ha sido motivo de polémica desde su puesta en marcha en el año 2002. Los folletos repartidos entre los jóvenes para conseguir «un consumo responsable de drogas» han sido vistos por muchos como una forma de incitar a la drogadicción. Es el argumento esgrimido por el Partido Popular municipal, cuya portavoz, Pilar Fernández Pardo, solicitó en numerosas ocasiones la retirada y suspensión del programa. Llegó incluso a plantearlo en el Senado y sirvió como reproche a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, en el primer debate que ambas candidatas a la Alcaldía protagonizaron ante las cámaras de Canal 10.
Colegio de Médicos
Pero Zona Clave no es sólo foco de discrepancias. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Plan Nacional sobre Drogas le otorgó un premio por su labor en la reducción de daños en el consumo de alcohol y drogas. La iniciativa ha sido reconocida en el marco de un convenio firmado por ambas administraciones, que premia el trabajo de distintos municipios y organizaciones en los programas de prevención comunitaria.
Por otra parte, fue una denuncia del Colegio Oficial de Médicos de Asturias el que obligó incluso a intervenir al fiscal especial antidroga. El último en pronunciarse en su contra ha sido el Defensor del Menor.
