EL precio de compra de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, se ha encarecido de una forma desproporcionada con relación al coste de la vida. Los precios de los alquileres son también muy elevados. El mercado de la vivienda está distorsionado por factores financieros y especulativos y no responde únicamente a los factores de oferta y demanda. De hecho, la inversión inmobiliaria, tanto para el sector empresarial como también para las familias, se ha convertido en refugio de dinero en busca de seguridad y rentabilidad alta. Es así como, a pesar de las políticas de liberalización del suelo, propugnadas en su día por el PP y sus aliados y no corregidas hoy por el Gobierno socialista, se ha producido más encarecimiento artificial del precio del suelo, muy por encima de los costes de construcción de las viviendas.
A pesar de todo, las familias que pueden continúan comprando viviendas a base de endeudarse por treinta años o más, invirtiendo todos los ahorros o vendiendo la vivienda familiar anterior. Se produce un incremento de las situaciones de infra-ocupación de viviendas y de exclusión social en el campo inmobiliario: cada vez hay más personas que no tienen acceso a ningún tipo de vivienda con unas mínimas condiciones de dignidad.
Resulta evidente que no existe un tratamiento integral de las diversas normativas, políticas, programas, actuaciones e inversiones públicas y privadas que incidan en la vivienda para hacer posible la solución, de forma coordinada y con objetivos claros, de las diversas situaciones. Hasta ahora, en España y en sus comunidades autónomas con competencias en materia de política de vivienda, ha faltado una visión integrada de los temas territoriales, urbanísticos, sociales y económico-financieros, que incidan en las políticas de vivienda de una manera integrada (publico/privado, nueva construcción, segunda mano...). Tampoco ha existido una verdadera coordinación, ni una unidad de objetivos y criterios en la legislación y las políticas públicas que incidan de forma directa o indirecta en el asunto.
La política de vivienda no se puede limitar al los programas de vivienda protegida o a las inversiones y subvenciones públicas a promotores, constructores y compradores. La nueva política de la vivienda ha de tener unos referentes y objetivos muy claros para dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional y al derecho fundamental de que toda persona ha de tener acceso a una vivienda digna.
Adaptar la vivienda a la demanda y las necesidades variables de la persona y del núcleo familiar a lo largo de la vida, y adaptar la vivienda a las diversas situaciones laborales, de ingresos y de disponibilidades económicas, sin que se haya de hipotecar la vida, son, entre otras, algunas de las premisas de la nuevas políticas de vivienda que han de desarrollarse. Será necesario reformar las principales disposiciones normativas y políticas y tratar de forma coordinada de conseguir estos objetivos en una política integral de la vivienda.
La mezcla de tipologías residenciales: zonificaciones residenciales menos rígidas, que fomenten la mezcla de diversos tipos de vivienda, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, en un mismo territorio y la Introducción de nuevas tipologías de vivienda que permitan una variedad más grande de las densidades, dimensiones, usos compatibles y de sus servicios complementarios (instalaciones, infraestructuras y espacios comunes), así como la consideración como equipamientos y dotaciones públicas de determinados usos y tipologías residenciales, vinculados a situaciones personales y sociales que necesiten de servicios o instalaciones comunitarias o asistenciales. Y valorar, además, la importancia de establecer normas de la edificación de calidad, requisitos de habitabilidad, y el fomento de la arquitectura bioclimática y el ahorro energético.
