El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer el archivo de la causa abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación del avión 'Yak -42' en el que perdieron la vida 62 militares españoles, tres de ellos asturianos: el comandante Antonio Novo; el capitán Mariano Piñán y el subteniente Enrique Álvarez Vega.
Las familias pidieron al juez que investigara si los responsables políticos y militares del Ministerio de Defensa incurrieron en un delito de imprudencia con resultado de muerte al contratar un aparato averiado y sin los permisos precisos para volar. El juez mantiene abierta la pieza separada del sumario en la que investiga si hubo delito en la asignación de identidades erróneas a 30 cadáveres.
El avión Yakovlev-42D se estrelló el 26 de mayo de 2003 en la ciudad turca de Trabzon, contra el monte Pilav, tras dos intentos fallidos de aterrizaje. En el siniestro perdieron la vida 62 militares que regresaban de Afganistán y Kirguizistán, además de los 12 tripulantes ucranianos del aparato y un ciudadano bielorruso. En su auto, el juez Grande-Marlaska concluye, tras analizar la documentación del caso, que «no se establecía ninguna obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontraba en perfecto estado de mantenimiento, recordando, no obstante, que ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada».
Considera, asimismo, que el avión «era apto para volar» y estaba en «perfectas condiciones técnicas», a pesar de que carecía de certificado de aeronavegabilidad y tenía averiada una de las cajas negras.
Defensa tampoco estaba obligado, según el magistrado, a verificar si la tripulación tenía las licencias de vuelo en vigor ni si había cumplido los horarios de descanso a que estaba obligada por ley. El juez admite, no obstante, que «cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber exigido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas». Los deudos de los fallecidos sostienen, en cambio, que el Ministerio de Defensa debía velar por la seguridad de los soldados y acusan a algunos de sus responsables de hacer dejación de sus responsabilidades. Por ello, recurrirán la decisión de Grande-Marlaska.
Identificaciones
El juez adoptó esta decisión cuando acaba de cumplirse el cuarto aniversario del siniestro, y después de que el Gobierno decidiera ascender de forma honorífica y póstuma a los 62 fallecidos. Las familias se reunieron el pasado sábado ante el cuartel general del Ejército del Aire para honrar a los difuntos y reclamar «una investigación imparcial» que depure responsabilidades ante lo que consideran «una falta de voluntad» de la Audiencia Nacional por esclarecer los hechos.
Grande-Marlaska deberá resolver ahora sobre la otra parte del sumario, relativa a la parte más dolorosa del caso, las 30 identificaciones que realizó a toda prisa y sin seguir ningún criterio científico un equipo médico militar español que viajó a Turquía. Ante las manifiestas irregularidades, la juez Teresa Palacios ordenó reabrir las fosas y realizar pruebas de ADN a todos los restos, que después fueron comparadas con muestras extraídas a los familiares. Sus resultados revelaron que todas las identificaciones habían sido erróneas, y las familias que pudieron -algunos cadáveres habían sido incineradas- tuvieron que pasar por el desagradable trance de intercambiarse los restos de sus seres queridos.
El PSOE, que promovió debates en el Congreso en los que apoyó las denuncias de los familiares, destacó en un comunicado que «todavía sigue abierta la causa por las irregularidades en la identificación de los cadáveres». Los socialistas preguntaron al que era ministro de Defensa en el momento del siniestro, el hoy diputado Federico Trillo, «si asumirá las responsabilidades políticas en el caso de que los jueces dictaminen que las irregularidades en las identificaciones se debieron a las instrucciones políticas que se dieron desde su Ministerio».
