La Fiscalía de la Audiencia Nacional introducirá el lunes cambios de calado en la calificación provisional del 11-M que realizó en noviembre. Así, ña calificación definitiva de algunos miembros de la 'trama asturiana' ha sufrido modificaciones importantes como es el caso de Carmen Toro, para la que la Fiscalía pide elevar la pena de cuatro a seis años por asociación ilícita para delinquir. La otra cara de la moneda es Javier Martínez, 'el Dinamita', que puede quedar en libertad después de que el Ministerio Público no haya encontrado pruebas para inculparle. La Fiscalía no altera las imputaciones iniciales para Suárez Trashorras o Antonio Toro, pero si las de Iván Granados, Sergio Álvarez e Iván Reis. A estos tres jóvenes, acusados de asociación ilícita, se les rebajará la petición de condenas de ocho a cuatro años.
Además, el Ministerio Público eleva de siete a ocho el número de acusados para los que busca la máxima pena que prevé la legislación penal española, el cumplimiento íntegro de 40 años de cárcel. Son los procesados a los que cree autores de los 191 asesinatos en los trenes y de los 1.841 asesinatos frustrados (heridos y mutilados), bien como autores directos (colocaron las bombas en los trenes), como cooperadores necesarios (prestaron ayuda imprescindible para ejecutar los atentados) o inductores o autores intelectuales de la masacre.
Para cada uno de ellos pide una pena definitiva de casi 39.000 años de cárcel, que ha crecido en más de 300 años 'per capita' al incorporar los forenses durante las vistas otras 17 víctimas a la lista de 1.824 con la que se inició el juicio. La Fiscalía eleva al rango de autores materiales a Rafá Zouhier y a Othmán el Gnaoui por considerar que su cooperación fue determinante para la comisión de los atentados.
Implicación de Zouhier
La entrada de Zouhier, al que hasta ahora sólo se consideraba colaborador de la célula y traficante explosivos, se debe a que lo visto y oído en el juicio hace pensar al Ministerio Público que su papel fue fundamental para que el comando lograse los 200 kilos de Goma 2 ECO, ya que fue quien activó de forma determinante la relación entre Jamal Ahmidán 'El Chino' y Suárez Trashorras, el jefe de la banda asturiana que presuntamente robó la dinamita en Mina Conchita.
Zouhier, presunto confidente de la Policía, se le vincula con el grupo controlado por Suárez Trashorras al que se le supone un papel activo en el suministro de los explosivo. Respecto a este grupo, la Fiscalía ha introducido modificaciones destacadas en la solicitud de penas. El más beneficiado es Javier Martínez, 'el Dinamita', al que la Fiscalía retira la acusación de asociación ilícita y tráfico de explosivos ante la falta de pruebas. Si el lunes el resto de acusaciones retiran los cargos contra él podrá irse libre a su casa.
No puede decir lo mismo Carmen Toro. La mujer de Suárez Trashorras hasta el momento sólo estaba acusada de tráfico de explosivos (4 años de cárcel). Ahora, la Fiscalía pedirá al tribunal que también la condene por asociación ilícita para delinquir (otros dos años más de prisión). La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo ha pedido que la pena se incremente hasta los ocho años. La razón es que cree que durante el juicio se ha demostrado que estuvo en una de las citas donde se negoció el trueque de explosivos, que mantuvo conversaciones telefónicas con islamistas y que visitó la casa de Chinchón junto a su marido. La frase que la puede condenar es la que pronunció en la Comisaría de Avilés, el 17 de marzo, cuando se sentó en las rodillas de su marido y le dijo: «Cariño, di lo que tengas que decir, pero a mí no me metas».
Reducción de penas
Los últimos beneficiados son Iván Granados, un presunto colaborador en los robos de explosivo en la mina, y Sergio Álvarez e Iván Reis, dos de los 'correos' que bajaron dinamita a los terroristas en autobús en el interior de bolsas de deportes. Los tres estaban y estarán acusados de tráfico de explosivos y asociación ilícita, pero se les pedirán las penas mínimas. La solicitud antigua era de ocho años de cárcel y ahora se reducirá a cuatro.
Los 15 procesados no afectados por los cambios en el nuevo escrito de la Fiscalía se enfrentarán a las mismas acusaciones y peticiones de condena por parte del Ministerio Público que les reclamó en la calificación provisional entregada en noviembre de 2006.
