Todavía no se conoce ni el currículo de la asignatura que, tras la aprobación del Consejo Consultivo, habrá de pasar el último trámite del Consejo de Gobierno, un órgano, por cierto, de diferente configuración al actual y que tendrá que agilizar su aprobación para poder impartir Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos en setiembre.
A decir del secretario general de Educación del ministerio, Alejandro Tiana, las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación tienen prevista la organización de cursos en verano para preparar a los docentes en la impartición de la nueva disciplina. Profesorado, por otra parte, que está por decidir a qué rama del conocimiento pertenecera, si bien la ministra Mercedes Cabrera aboga por el del área de Filosofía y Ciencias Sociales.
La decisión última dependerá de cada centro escolar, así como la propia adecuación del decreto autonómico a las aulas, pero ya antes de ponerse en marcha, las voces críticas se han hecho oír. Como la de la asociación Profesionales por la Ética, que ha realizado un estudio comparativo del desarrollo curricular en distintas comunidades autónomas y ha señalado que «algunas, como Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y sobre todo el País Vasco, han recortado los mínimos establecidos por el ministerio y restringen los contenidos a lo que tiene que ver con la conciencia moral y la educación afectivo-emocional».
Con ello acusa al Gobierno de facilitar «una formación moral a la carta» y apeló a los padres a que practiquen la objeción de conciencia «porque lo que es perturbable es que el Estado se arrogue el derecho a la educación moral de nuestros hijos».
Esa misma teoría de la objeción de conciencia la ha recomendado la jerarquía eclesiástica católica, que ha criticado fuertemente la asignatura.
