Los Servicios Públicos de Empleo (antiguas oficinas del INEM) territoriales funcionan de acuerdo a criterios particulares y no tienen coordinación entre sí. Al menos, ésa es la opinión del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que asegura que esa «falta de conexión» perjudica a todos e impide evaluar correctamente los distintos programas que gestiona cada comunidad así como la reorientación y readaptación de las políticas aplicadas.
El CES es un órgano consultivo, creado en 1991, que está compuesto por 61 personas. En la actualidad, cuenta con 20 consejeros sindicalistas, 20 empresariales y 20 pertenecientes a diversos sectores. Al Ejecutivo le corresponde la elección del presidente, que ejerce el voto de calidad y debe estar respaldado por al menos dos tercios de los restantes miembros.
Marcos Peña, que ayer intervino en el Foro de Nueva Sociedad, patrocinado por la Fundación ONCE, apuntó que «el país va bien» pero, resaltó que para que se puedan cumplir los compromisos adquiridos con las nuevas generaciones «es preciso hacer un esfuerzo reformista extraordinario apostando por la calidad del empleo, lo que significa la formación de los trabajadores».
A su juicio, los avances no sólo se consiguen «modificando las leyes en el Boletín Oficial del Estado». El progreso es «una tarea más compleja» que necesita de la atención de todos, resaltó.
El presidente del CES repasó otros déficits del país. Recordó que junto con la formación profesional, España adolece de demasiado empleo temporal y carece de políticas de investigación, desarrollo e innovación. Peña recordó que la Seguridad Social cuenta con superávit, pero lamentó que el país dedique a la protección social una cantidad equivalente al 20% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de la Unión Europea (UE) de los Veinticinco se sitúa en el 27%.
Esfuerzo presupuestario
En cuanto a la falta de coordinación entre los Sistemas Públicos de Empleo territoriales, Peña aseguró que falta información sobre su funcionamiento y resultados. En este sentido, la Memoria del CES correspondiente a 2006 alerta de que la mayoría de los consejeros de Empleo autonómicos no ofrecen estadísticas sobre el esfuerzo presupuestario que suponen las atenciones prestadas ni sobre otras iniciativas de carácter cuantitativo, «más allá del número de oficinas y su distribución». Esta carencia es un obstáculo para conocer el rendimiento de las medidas aplicadas.
El CES apuesta, en consecuencia, por la reforma de las políticas activas de empleo (formación, incentivos, cursos, etc.), transferidas a las comunidades (salvo en el caso del País Vasco). Los cambios deberán delimitar, en opinión de su presidente, las funciones y roles de los distintos actores involucrados y mejorar el mercado laboral vía sistemas de evaluación que permitan las correcciones oportunas.
