Seis de cada diez alquileres de viviendas en Asturias no son declarados a Hacienda, lo que suma un fraude que roza los 35 millones de euros anuales. Los datos proceden de un estudio elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), que refleja que el 57,5% de los arrendamientos que se realizan en la región escapan al control de la Agencia Tributaria.
Esta cifra sitúa al Principado como la quinta comunidad autónoma con menor porcentaje de alquileres no declarados de España. Según el informe de Gestha, se calcula que en Asturias existen alrededor de 28.088 alquileres 'sumergidos', lo que representa el 2,9% del total del parque de viviendas alquiladas en España. En nuestro país, el número de arrendamientos que no son declarados supera los 977.306, lo que supone el 60,5% del total de viviendas alquiladas. El informe de Gestha ha sido elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2004, y cifra en 34,8 millones de euros anuales las rentas 'sumergidas' en Asturias derivadas del arrendamiento de vivienda.
En el conjunto de España, esta cifra asciende a 1.800 millones de euros sin incluir los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles. Según la asociación de técnicos de Hacienda, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres «de temporada», especialmente los situados en las localidades costeras y aquellos protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos como los estudiantes o los inmigrantes, cuyo domicilio suele ser provisional. De ahí que plazas como Ceuta y Melilla sean las que concentran, con un 82%, el mayor porcentaje de pisos alquilados sumergidos.
Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 32,2% de los alquileres escapan al control del Fisco. También las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, ya que la mitad de los alquileres se declaran legalmente.
Los técnicos de Hacienda consideran «prioritario» que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales. En particular, proponen que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales. También plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que se aceleren las demandas por desahucio, y finalmente, consideran «imprescindible» habilitar a los 8.000 técnicos de Hacienda para que asuman las responsabilidades que permitan la efectiva aplicación de la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal.
Gestha estima que con un plan eficaz, la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude en España.
