Tras una saga judicial que ha servido para dejar en evidencia las tácticas utilizadas por la Administración Bush para justificar la invasión de Irak -además de generar un inquietante daño a la protección de fuentes periodísticas confidenciales-, un juez federal impuso ayer una significativa pena de cárcel contra el ex jefe de gabinete del vicepresidente Richard Cheney por perjurio y obstrucción a la justicia en el caso de la agente de la CIA delatada, Valerie Plame. En total, Lewis 'Scooter' Libby se ha hecho acreedor a dos años y medio de privación de libertad y una multa de 250.000 dólares (casi 185.000 euros).
Al imponer esta condena más dura de lo esperado, el magistrado Reggie Walton indició claramente que los cargos públicos de Estados Unidos deben pagar el correspondiente precio cuando «se pasan de la raya». El juez reconoció que «algunas veces la gente comete errores», pero en este caso existen evidencias que «abrumadoramente confirman la culpabilidad» del hombre de confianza del todopoderoso vicepresidente Cheney.
La condena resulta especialmente embarazosa para la Administración Bush, con un mínimo respaldo popular hacia su gestión bélica en Irak. Con reproches contra un Gobierno teóricamente obsesionado con la seguridad nacional pero que por una supuesta 'vendetta' política habría llegado a divulgar durante el verano del 2003 la identidad de Valerie Plame como agente de la Agencia Central de Inteligencia en represalia por las críticas contra la invasión del país el golfo Pérsico formuladas por su esposo, el embajador Joseph Wilson.
Durante una concurrida vista oral celebrada ayer por la mañana en Washington, Libby, rodeado por sus abogados, mantuvo la calma mientras su esposa, Harriet Grant, no pudo contener las lágrimas. En ningún momento, el procesado llegó a expresar remordimiento por sus acciones, solicitando únicamente que el conjunto de su vida fuera valorado por el juez Reggie Walton, quien al final optó por aplicar un castigo en línea con la pena solicitada por el fiscal especial Patrick Fitzgerald. Este funcionario, para justificar el resultado tangencial de sus investigaciones, volvió a insistir en que todo el sistema legal de Estados Unidos se basa en «la verdad».
Apelación
Junto a esta pena, el magistrado Walton fijó una audiencia para el próximo 14 de junio con el fin de determinar si Libby puede permanecer en libertad mientras apela su condena. El proceso se podría prolongar durante un año y eventualmente colocaría al ex jefe de gabinete a las puertas de la cárcel hacia el final del segundo mandato de George W. Bush en la Casa Blanca. Calendario que, junto a las cartas de respaldo firmadas por la plana mayor más conservadora del Partido Republicano, volvió a disparar las especulaciones sobre un posible perdón presidencial.
La Casa Blanca, cuyos principales responsables se encuentran de viaje en Europa para participar en la cumbre del G-8, se limitó a indicar que el presidente no tiene intención por ahora de intervenir en este caso penal. Con todo, Libby se ha convertido en el más alto cargo de la Administración estadounidense sentenciado a una pena de cárcel desde el veredicto formulado en 1990 contra el ex consejero de seguridad nacional John Poindexter implicado en el caso Irán-Contra. En esa ocasión, la condena fue posteriormente apelada y anulada.
