La niña de dos años a la que supuestamente golpeó su padre, el ejecutivo vizcaíno Alberto Izaga, y que permanecía ingresada en estado crítico en el hospital londinense de St Thomas, falleció ayer, según informó la Policía.
Yanire Izaga fue encontrada el pasado domingo con heridas graves en la cabeza y lesiones craneales por agentes de la Policía metropolitana en el domicilio del empresario, situado en el lujoso barrio de Albert Embankment, cerca del Parlamento británico, después de que los vecinos alertaran de gritos, sollozos y golpes procedentes de ese piso. Alberto Izaga, de 36 años y miembro del consejo de administración de Swiss Re, una de las grandes aseguradoras del mundo, fue detenido poco después.
Un amigo de la familia había confirmado ayer a este periódico la grave situación de la pequeña: «La naturaleza recorrerá su curso», aseguró. La madre, Ligia, de nacionalidad portuguesa, nacida y criada en Cabo Verde, no abandonó el hospital a la espera del fatal desenlace.
El portavoz de la familia, que conversó con la madre en las últimas horas, desmintió a este periódico la información publicada por el 'Mirror' y reproducida en otros medios sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque de Izaga contra su hija.
El diario británico describía una escena en la vivienda familiar, en la que la niña interrumpió a los padres cuando se encontraban en su dormitorio. Las mismas fuentes desmontan esta versión, al igual que el relato ofrecido por el 'Mail', que publicó que Izaga «oyó voces que le apremiaron a golpear a su hija». Según el testimonio de este amigo, Ligia, la mujer de Izaga, a quien conoció en Estados Unidos, en Connecticut, cuando ambos trabajaban en la sede de General Electric, y con quien se traladó posteriormente a Londres, se encuentra «consternada, confusa y entristecida por lo ocurrido, pero no siente antagonismo hacia su marido, por quien se siente preocupada». Izaga fue conducido el domingo a una comisaría en el distrito londinense de Brixton y, tras un examen médico, se le aplicó rápidamente la ley de Salud Mental, que permite su retención vigilada en un centro hospitalario hasta que culmine la investigación policíal.
