Las noticias acerca de 'El gran espectáculo de los donantes', un nuevo programa holandés de telerrealidad consistente en concursantes enfermos que compiten por hacerse con el órgano de otra persona, ha vuelto a encender las alarmas del estupor cívico, tanto más después de que el Gobierno y la Justicia hayan declarado su incapacidad para detener ese show de la desesperación. Desde luego no se trata de un hito excepcional; si acaso media vuelta de tuerca más en la delirante y vertiginosa carrera por el más difícil todavía de la telerrealidad. Basta asomarse a 'Los prestatarios de bebés' de la BBC; al éxito del 'Gran Hermano' británico por los insultos racistas; a la ocultación de la muerte de su padre a una concursante australiana también de 'Gran Hermano'; al 'reality show' de Victoria Beckham; a la escuela de teatro para actrices porno de Fox Reality en EE UU; a la decisión de Britney Spears de emitir su parto, o al proyecto 'Dumped' de Channel 4 para sobrevivir en un vertedero. Probablemente nadie se pregunte ya dónde va a parar esto. La convicción generalizada es que no lo va a hacer.
Estos espacios generan una lógica inquietud moral y una cierta incertidumbre pedagógica ante los efectos derivados de esta subversión en público de valores esenciales, legitimada por las grandes cadenas de televisión. Sin embargo, ante cada iniciativa para tratar de embridar las provocaciones y señalar la readecuación a los principios fundamentales, las cadenas se envuelven sistemáticamente en la bandera de la libertad de expresión y de la autorregulación, pronunciando el nombre sagrado del mercado. Ambos argumentos resultan poco sostenibles y, a menudo, ridículos. Recurrir a los parámetros del periodismo para defender estos programas es una perversión conceptual. En efecto, el periodismo se beneficia de prerrogativas especiales en virtud del derecho a la información y la libertad de expresión, pero sólo en la medida en que cumple su función social. Es decir, no se trata de privilegios de los periodistas o los medios, sino privilegios conquistados por la sociedad, que es la que hace depositarios a los medios de esos derechos para que ejerzan el control del poder y den a conocer la realidad. Trasladar esto desde el periodismo a la televisión de entretenimiento, y tanto más a la llamada 'telebasura', resulta absurdamente ventajista. Se ha logrado generar cierta confusión entre información y comunicación, entre medios informativos y medios en general. Y los emisores han desplazado la noción de 'libertad de prensa' a 'libertad de empresa'. Al amparo de ésta surge ese discurso que presta las protecciones del periodismo a la televisión comercial para que disfrute de la máxima autonomía. Las consecuencias de esto están en el primer párrafo.
La autorregulación como discurso defensivo se nutre discursivamente como mínimo de dos falacias. Primera: al hablar de autorregulación, se sugiere que no hay regulación. Falso. Hay dos directivas europeas de Televisión Sin Fronteras y está en curso la tercera, que se traslada a las normas específicas de cada país miembro. Segunda: al hablar de autorregulación, se hace creer que ésta existe. También falso. Tras las elecciones de 2004, ante las advertencias del Gobierno, se fijó un acuerdo de autorregulación que limpiaba la programación hasta el horario nocturno, pero eso quedó en el papel. Al final, lo que se autorregula es no regularse, practicando un 'dumping' ético para ponerse de acuerdo en un rasero mínimo de disciplina.
En todo caso, la tentación de creer que en todas partes ocurre lo mismo sólo puede esgrimirse por ignorancia o por mala fe para fijar una coartada a los excesos domésticos. En un brillante ensayo comparativo, Hallin & Mancini establecían tres sistemas en Europa: el 'liberal' anglosajón, de fuerte impronta comercial pero plural y muy neutral, con alta profesionalidad; el 'democrático corporatista', del centro y norte de Europa, no liberal pero con un intervencionismo institucional prestigioso en defensa de la libertad y la cultura democrática, e igualmente profesional, y el 'pluralista polarizado' del arco mediterráneo, de sesgo politizado, intervenido políticamente con las licencias y subvenciones, de poca profesionalidad y «desregulación salvaje». La característica española no sólo está en la debilidad de la regulación, sino en la ausencia de una autoridad de control social efectivo.
El modelo de Alta Autoridad Audiovisual, desde el muy competente Consejo Superior del Audiovisual de Francia a los nórdicos, desde el sistema de los länder alemanes al regulador independiente británico de la Of Com, ha probado su éxito e importancia. Todos modulan la norma, vigilan eficazmente, lanzan alertas, incluso sancionan; y son respetados. En España, las promesas de los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE han quedado en agua de borrajas. Sólo en Cataluña ha funcionado con solvencia un consejo -del que emana el interesante Libro Blanco de 2004-, aunque con menos crédito tras ciertos traspiés políticos; en Andalucía se ha estrenado sin los rudimentos suficientes, y en la mayoría de comunidades ni siquiera se ha ensayado la fórmula. Probablemente, en España ha faltado cierta inteligencia de largo recorrido sobre la cuestión. Pero sobre todo ha faltado y falta voluntad política para corregir estas patologías o 'perversiones', según la calificación de Pastoriza, superando la estafa de identificar regulación con intervención antidemocrática, otra herencia descacharrada de los tiempos sin libertad que, mal utilizada ahora, devalúa el valor de ésta.
