ETA rubricó con el comunicado difundido en la madrugada de ayer la crónica de una ruptura anunciada, la de un alto el fuego que ya se había quebrado a todos los efectos con la bomba que el 30 de diciembre arrasó la T4 de Barajas y segó la vida de dos ciudadanos ecuatorianos. Y que había comenzado a hacer aguas sin remedio en otoño, cuando los avances en las conversaciones políticas se frenaron en seco por la insistencia de la banda en poner sobre la mesa sus clásicas reivindicaciones de territorialidad y autodeterminación.
Aunque aún había quien se aferraba a una cada vez más débil esperanza, para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y para los partidos vascos la cuestión ya no pasaba por saber si los terroristas iban a mantener el supuesto proceso de paz, sino por dilucidar cuándo y cómo iban a darlo por roto. La apuesta se daba por perdida y ETA despejó ayer todas las incógnitas, una semana después de las elecciones municipales y forales, una vez que la izquierda abertzale ha logrado sentar a más de cuatrocientos concejales en los ayuntamientos vascos y navarros y 'vender' el resultado como un éxito electoral.
De hecho, según todas las fuentes consultadas, tanto el Ejecutivo socialista como las fuerzas políticas habían interiorizado que ETA no iba a atentar en campaña para no perjudicar los intereses de las listas de ANV, pero que sin ninguna duda lo haría, antes o después, tras el cierre de las urnas. De hecho, el Gobierno del PSOE temía ya desde finales de la semana pasada un desenlace inminente como el que se produjo ayer e incluso habían salido a la luz informaciones sobre informes policiales y de los servicios de Inteligencia que pronosticaban que los terroristas podían actuar en breve. Las insistentes acusaciones de Batasuna en las últimas semanas al PSOE y al PNV, a quienes responsabilizaba cada día del naufragio del proceso, se interpretaban como una manera de preparar el terreno a una decisión tomada ya desde hace tiempo.
Así pues, el anuncio de la banda de que «activa todos sus frentes» desde esta pasada medianoche no cogió esta vez por sorpresa a Zapatero, que compareció poco antes de las once de la mañana para lanzar, fundamentalmente, dos mensajes: que ha hecho cuanto estaba en su mano para lograr la paz y que no piensa cejar en el empeño, y que, ahora más que nunca, es necesario el «respaldo unánime» de todas las fuerzas políticas para afrontar la vuelta de ETA a las armas, en apelación indirecta al PP.
Adelanto electoral
Un discurso que, para muchos -incluidos los partidos que sustentan el Gobierno vasco y, por supuesto, los populares-, pecó de falta de contundencia y reveló una nula autocrítica, si bien los medios consultados reconocen que el presidente del Gobierno, estrechamente marcado por la primera fuerza de la oposición, se ha quedado prácticamente sin margen de maniobra. Hay quien cree, incluso, que no le queda más salida, a nueve meses de las generales, que mantener un discurso continuista que deje un mínimo resquicio a la esperanza. Otros especulan incluso con un posible adelanto electoral, una tesis que no dudó en airear ayer el 'número dos' de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, poniéndola en boca del propio presidente catalán. Según el líder de Esquerra, el socialista José Montilla abordó esta posibilidad en la reunión que mantuvo por la tarde con el líder de CiU, Artur Mas.
Sea como sea, el jefe del Ejecutivo constató que la respuesta del Gobierno y de la sociedad española a esta «nueva equivocación» de ETA pasará por la aplicación «estricta» del Estado de Derecho mediante la actuación de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional. Sólo así, sin «ceder a amenazas o desafíos», se logrará llegar al final del «camino de la paz», una meta que en su opinión se alcanzará más tarde o más temprano.
Las apelaciones a la unidad de los partidos democráticos, no obstante, corren el riesgo de quedarse en mera retórica. En medios políticos se da por hecho que el PP en ningún caso respaldará a Zapatero si no corrige de forma drástica el rumbo de su política antiterrorista y también se descarta que las fuerzas nacionalistas, por ejemplo, puedan sumarse al Pacto por las Libertades, que, tal como está concebido, interpretan como una agresión. El gran acuerdo unitario al que todos apelaron ayer se perfila como un mero 'desideratum' descartado en la práctica. Eso sí, el presidente seguirá teniendo en el PNV comandado por Josu Jon Imaz -con quien mantiene una una relación muy fluida- a uno de esos aliados «incondicionales» a quienes ayer agradeció públicamente su apoyo. Los peneuvistas no tienen intención de presionar a Zapatero con este asunto y vienen planteando desde enero, además, la idoneidad de ampliar el consenso contra ETA, basándolo, entre otras cosas, en deslegitimar el uso de la violencia, reconocer a las víctimas y trabajar para dar una salida dialogada al final de la violencia si volviesen a darse las condiciones necesarias.
Rajoy -a quien la ruptura formal del alto el fuego le sorprendió en una reunión de trabajo en Vitoria con sus compañeros del PP vasco- ya mostró ayer parte de sus cartas y reclamó al Gobierno lo que, a su juicio, la comparecencia de Zapatero no pudo aportar: «Claridad, certidumbre, seguridad y que no haya ningún tipo de ambigüedad». El líder de la oposición expuso sus reclamaciones en clave genérica -la dirección popular consideraba que no era el momento apropiado para apretar las tuercas con un tono excesivamente duro- y pidió al presidente que «afirme que ya no habrá ninguna cesión ni ninguna negociación» con ETA, que «active todos los mecanismos» del Estado de Derecho y que demuestre con «hechos y pruebas» que tiene voluntad de rectificar. Esto mismo es lo que le exigirá en persona el próximo lunes, el día que Zapatero le ha citado en La Moncloa para analizar la situación creada por la definitiva ruptura de la tregua. Según fuentes populares, la demora de la cita hasta una semana después del comunicado «es mala señal» y no hace albergar buenos presagios sobre las intenciones del presidente del Gobierno, de quien temen que pretenda mantener el proceso en 'hibernación' hasta las generales.
Causas pendientes
Aunque ayer Rajoy no se explayó, sí lo hicieron otros portavoces del partido, que acotaron con nitidez cuáles son las condiciones básicas que pone el PP: la ilegalización de ANV, la 'mano dura' de los fiscales con Arnaldo Otegi y con el entorno radical en general -que tiene pendientes numerosas causas judiciales, entre ellas el sumario de la financiación de Batasuna a través de las 'herriko tabernas' o el '18-98'- y el reingreso inmediato de Iñaki De Juana en prisión, que ya ofreció ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con estos mimbres, son varias las incógnitas e incertidumbres que se ciernen sobre los partidos. Una de ellas tiene que ver con la constitución de los ayuntamientos, en dos semanas, y con la paradoja que supondrá, previsiblemente, que la izquierda abertzale intente boicotear aquellos en los que no tiene presencia y hacerse con las alcaldías en muchos otros. La duda estriba en si el resto de fuerzas será capaz de articular mecanismos para aislar a ANV y arrebatarle los bastones de mando. La incidencia de la ruptura de la tregua en los pactos postelectorales, sobre todo en Navarra, también preocupa a las fuerzas políticas, convencidas de que Zapatero tendrá que dar marcha atrás en su posible intención de promover una alianza del PSN con Nafarroa Bai.
Pero temen sobre todo, el impacto de un posible atentado, que, señalan, podría tener a cualquiera como destinatario y que buscaría regresara los tiempos más duros del terrorismo, que buscaba «socializar el sufrimiento». El PNV no oculta su preocupación y dice haber asumido que cualquiera de ellos puede ser próximo objetivo de los etarras, que les han acusado de «traidores» y reprochado su «codicia».
