Fueron los primeros que apelaron a la objeción de conciencia y están dispuestos a llevarla hasta sus últimas consecuencias. La Confederación Católica de Padres de Alumnos ha sido tan crítica como constante en su oposición frontal a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía desde el mismo momento en que la ministra Mercedes Cabrera anunció su implantación obligatoria en el sistema educativo español. El próximo curso se impartirá en todos los centros escolares de Asturias en el tercer año de Secundaria y nada importa que el desarrollo del decreto ministerial que ha redactado la Consejería de Educación y Ciencia sea de los más moderados de España, porque los padres de alumnos aglutinados en la Concapa están «dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional si fuera preciso».
El presidente asturiano de la Confederación Católica de Padres de Alumnos parte del reconocimiento a la objeción de conciencia recogido en la Constitución, pero no se trata sólo de «ejercerlo, que lo vamos a ejercer, sino de que la Administración te facilite alternativas a esa clase a la que nuestros hijos no van a acudir. No los queremos fuera del colegio ni perdiendo el tiempo, y si los centros o la consejería no plantean soluciones o su actitud no es la adecuada, las familias estamos dispuestas a llegar al Tribunal Constitucional porque consideramos que estamos suficientemente amparados», afirma José Manuel Martínez Vega.
La objeción de conciencia es un derecho individual y de momento no se conocen datos sobre el número de familias que lo van a ejercer, si bien se preve que afecte más a centros concertados y privados, que a los públicos. «Eso no tiene por qué ser así, porque en Madrid hay colegios públicos que van a objetar e incluso hay uno en el que, desde el claustro a los padres, van a objetar en bloque», explica Martínez Vega, quien invita a las familias críticas con las asignaturas a «contactar con nosotros, porque les podemos ofrecer el apoyo jurídico que necesiten».
Opinión muy distinta es la que mantiene la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Manuel Virgós, que no sólo considera la asignatura «básica y bastante necesaria», sino que mantiene que «no persigue el adoctrinamiento, sino el civismo». Jesús Fernández Corrales resalta que «son muchos los órdenes del comportamiento humano que acomete Educación para la Ciudadanía, como la autoestima, la pluralidad, la igualdad, la injusticia... Algo que hacía falta en la formación de los escolares».
En ese sentido discrepa también de las argumentaciones esgrimidas por asociaciones como la Concapa o el Foro de la Familia, que estiman que la nueva asignatura constituye una intromisión en los valores familiares. «Los contenidos de Educación para la Ciudadanía no entran en colisión de ninguna clase con los valores en los que están educados los niños. Son valores complementarios comunes a todos, como la igualdad, los valores democráticos o los derechos y obligaciones de cada uno, que no chocan con nada», añade el presidente de la Manuel Virgós.
Valores éticos
Por su parte, Ángel Mario Díez rechazó de plano el espíritu mismo de la asignatura, sin entrar siquiera a valorar sus contenidos. «Es que no es aceptable y no importa si el decreto del Principado va a ser duro o blando. De ninguna manera los poderes públicos pueden imponer qué es bueno y qué es malo, porque ese poder hoy es uno y mañana otro. Lo bueno y lo malo son valores éticos, no legales, una cosa no es buena porque lo diga la ley. El decreto ministerial está impregnada de ideología de género», afirmó en su calidad de vicepresidente de Foro de la Familia.
Sin embargo a pesar de críticas y rechazos, todos los colectivos beligerantes coinciden en que el Principado, en este caso, «se limitó a reproducir literalmente el decreto del ministerio. No aporta nada, pero tampoco restringe nada», señala Carlos Álvarez, de Profesionales por la Ética, quien analizó el borrador asturiano comparativamente con el resto de las comunidades autónomas. «No pueden eludir su aplicación, porque están obligados por ley, pero he de decir que, al lado del de Andalucía o Cataluña es muy moderado. E incluso diría que en algunos aspectos mejora el decreto ministerial, que está muy mal elaborado».
César Álvarez, quien resalta que el Gobierno asturiano «colaboró muy bien con nosotros», apostilla que «no aporta nada ni a favor ni en contra del decreto», antes de añadir que «esperaba que precisamente por ser el de Asturias, fuera más duro».
