La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, firmó ayer un convenio de colaboración con 19 asociaciones sociales y sanitarias radicadas en Gijón para «promover y garantizar la defensa de los derechos humanos». La colaboración tiene como objetivo establecer una relación constante y fluida que permita la colaboración activa entre las dos partes.
Firmaron el convenio representantes de Cocemfe, Feaps, Fundación Siloé, Fundación Cespa Proyecto Hombre, Secretariado Gitano, Alpe Acondroplasia, Intgraf, Apta, Cise, Comifipas, Accem, Asociación Gijonesa de Caridad, Albergue Covadonga, Apierpa, Aeera, Asfear, Sicar, Parkison Jovellanos y la Fundación de Enfermos de Alzheimer. «Esta medida refuerza las garantías y la credibilidad del sistema democrático», explicó Fernández Felgueroso en la Colegiata San Juan Bautista del Palacio de Revillagigedo, donde se celebró el acto.
El convenio lleva parejo un compromiso mutuo entre los firmantes. Por un lado, las organizaciones deberán informar acerca de las trabas que encuentran sus miembros para su integración social y laboral y remitir a la Procuradora sus análisis y propuestas para promover las libertades y los derechos. Por su parte la Procuraduría General se compromete a servir de interlocutor con las Administraciones Públicas y a recoger las iniciativas y sugerencias de los colectivos firmantes. Entre las medidas previstas está además habilitar un punto de información que oriente sobre la institución.
Reivindicación diaria
Enrique Fernández, gerente de la Confederación Estatal de Minusválidos Físicos (Cocemfe), quien intervino en nombre de todas las organizaciones, apostó por «juntar todas las demandas como colectivo y buscar la reivindicación diaria para conseguir la incorporación social de todas las personas con discapacidad que suponen un 9% de la población». Fernández animó a los discapacitados a «dejar a un lado la pasividad y convertirse en parte activa para alcanzar sus derechos fundamentales y también sus libertades».
Por su parte el presidente de la Fundación Siloé, José Antonio Santaclara, calificó la firma del convenio con la Procuradora General como «una oportunidad única» y solicitó que «los recursos de la administración se pongan al servicio de las necesidades de las personas y no a la inversa que es lo que viene sucediendo hasta ahora».
