El frágil Gobierno italiano de centro izquierda de Romano Prodi pasó ayer otra jornada con la soga al cuello. A última hora de ayer proseguía en el Senado, donde el Ejecutivo sólo tiene una ventaja de dos escaños (158 contra 156), una sesión nocturna y decisiva sobre el penúltimo escándalo político y nadie sabía si Prodi pasaría la votación. De ser así, todo apunta a que Italia se dirigirá a una nuevas elecciones generales. Como el pasado marzo, cuando el Ejecutivo cayó por la traición de dos diputados comunistas disconformes con la política exterior,, ayer todo dependía de dos senadores tiroleses enfadados con la gestión fiscal. Y, como siempre, de la salud y humor de los siete senadores vitalicios, que deciden el sentido de la balanza.
El Senado es el punto débil de la variopinta coalición de centro izquierda, tras su ajustada victoria en los comicios de abril de 2006, y el otro es su propia incapacidad para estar de acuerdo. Una simple votación sobre un asunto comprometido, presentado como pulso con la oposición, es suficiente para colocar al Ejecutivo al borde del abismo, pues perderla significa certificar el fin de la gobernabilidad. En el caso de ayer el objeto de la disputa era un escándalo político no demasiado relevante y sí bastante aburrido pero que sirve igual para hacer saltar chispas. Tiene como protagonista al viceministro de Economía, Vincenzo Visco, que ordenó el traslado de cuatro oficiales de la Guardia de Finanzas contra la opinión del comandante del cuerpo, Roberto Speciale. Estos mandos investigaban entre otras cosas el escándalo de Unipol, en el que sectores de la izquierda apoyaron el asalto de esta entidad en BNL. Revelado el incidente la semana pasada, el Gobierno lo resolvió el viernes de la peor manera posible, al habitual estilo salomónico nacional: destituyó al comandante, aunque le ofreció un puesto en el Tribunal de Cuentas.
