«La integración del hospital de Arriondas en el Sespa es algo que no tiene ninguna marcha atrás». Así lo afirmó ayer el director general de Organización de las Prestaciones Sanitarias, José Ramón Riera, tras una reunión del Patronato que gestiona este centro, quien añadió, además, que la intención es la de «garantizar la empleabilidad de los trabajadores actuales». Riera asegura que se mantendrán los empleos. No obstante, reconoció que precisamente en la situación laboral en la que éstos quedarán tras el cambio de titularidad es donde está la principal «barrera» que dificulta el proceso.
Recordó que el Grande Covián es especial por estar gestionado por una fundación privada, en la que los trabajadores han sido seleccionados «con arreglo a criterios importantes, pero no a los del Sespa». Eso es lo que, señaló, «tratamos de superar en la comisión técnico política». Y precisamente ahí están las principales discrepancias con los sindicatos. Mientras éstos insisten en exigir la integración directa del personal como empleados públicos, Riera sostiene que «la solución que se adopte se hará con arreglo al marco jurídico existente».
En cualquier caso, dijo, «los trabajadores decidirán si les vale o no les vale la solución que se encuentre»; una afirmación que el comité de empresa considera un ultimátum entre «oferta pública de empleo o no se integra el hospital». Al menos, así lo entiende su presidenta, Covadonga Tomé, basándose en que «en el Principado siempre ha venido defendiendo la idea de la oferta pública».
«Diferencia sustancial»
Sobre los distintos informes presentados por sindicatos y la propia Administración regional en los encuentros de la Comisión Técnico Política que trabaja en la integración, el secretario general apunta que tienen «un 80% en común, pero hay un 20% que los diferencia y que es sustancial». A este respecto, señaló que el objetivo, ante esta situación, es la de «profundizar en lo trabajado y buscar la mejor opción que no ponga en peligro ninguno de los empleos».
En esta misma línea y sobre las críticas de los sindicatos sobre una posible falta de voluntad política para la transformación de la titularidad del hospital y con ella la de sus empleados, Riera explicó que «esa voluntad termina donde las leyes comienzan». También rechazó las comparaciones entre este proceso y la decisión de la Xunta de Galicia de integrar varios hospitales regidos por fundaciones, puesto que «en ese caso, las fundaciones ya eran públicas», defendió.
Covadonga Tomé, por su parte, mantiene su firme defensa de los informes presentados por los sindicatos y el catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo Raúl Bocanegra, que «avalan que se puede hacer una gestión directamente sin intermediarios y con la subrogación de la plantilla para que pase a ser fija y dependiente del Sespa». «En el Principado dicen que esta posibilidad no se ajusta a derecho, pero no nos justifican el por qué», critica la representante sindical.
A pesar de los desencuentros con los trabajadores, José Ramón Riera aseguró que la intención es la de «darle la mayor celeridad posible al proceso». Tomé también confía en que sea así, aunque, no obstante, considera que la mesa de negociación «está prácticamente estancada, por no decir muerta».
El próximo día 27 de junio tendrá lugar de nuevo una reunión de la comisión técnico política. «Esperamos llegar con los informes leídos y si no cambian su actitud, no tiene sentido mantener la mesa», señala Tomé, quien no descarta que se inicien movilizaciones.
