Los 110 nuevos cargos electos surgidos de las elecciones del pasado mes de marzo cuentan ya con escolta, según aseguraron ayer los portavoces del Departamento de Interior. Tanto el ministerio como la consejería que dirige Javier Balza ya habían previsto antes del comunicado de la banda que sería necesario realizar un esfuerzo para dotar de protección a todos los miembros del PP y del PSE que accederían a un nuevo puesto institucional tras las los comicios, tanto en juntas como en ayuntamientos. La consejería ya ha hablado con empresas de seguridad para conseguir 200 nuevos escoltas.
La intención, previa a la aparición del mensaje de ETA, era que antes del 16 de junio, fecha de la constitución de los ayuntamientos, todos los cargos contasen ya con protección. El anuncio de la banda terrorista de que daba por rota el alto el fuego y que a partir de la medianoche de ayer «abría todos los frentes» -incluido el de los ediles, contra los que había dicho en 2005 que no atentaría- precipitó las gestiones para buscar protección a todos los amenazados. Los responsables policiales están en contacto con los jefes de seguridad de los partidos para asegurarse que todos los cargos disponen de seguridad.
En esta ocasión, el Departamento de Interior también está asignando guardaespaldas a algunos cargos del PNV que hasta ahora nunca habían llevado protección, al tiempo que ha doblado la escolta de miembros del partido nacionalista. Esta decisión surge del análisis del lenguaje que ETA y la izquierda abertzale están empleando a la hora de referirse al partido de Josu Jon Imaz , al que culpan -junto al PSOE- del fracaso del proceso.
Otro colectivo que está siendo citado por la banda en sus comunicados es el judicial. Los jueces que durante el alto el fuego habían decidido no continuar con protección ya se han puesto en contacto con las fuerzas de seguridad para que se les vuelva a dotar de vigilancia. En el País Vasco están destinados alrededor de 300 miembros de la judicatura -entre fiscales, jueces, magistrados y sustitutos- a los que se protege de manera especial desde que ETA asesinó en noviembre de 2001 al miembro de la Audiencia de Vizcaya, José María Lidón. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró ayer que «es normal» que exista preocupación entre los jueces ya que el comunicado de la banda «coloca a la Sala 61 del Tribunal Supremo pero, en general a toda la carrera judicial, como objetivo de la organización terrorista». López se mostró confiado en que el Ministerio del Interior se esfuerce en volver a dar seguridad a aquellos jueces que durante la tregua habían rechazado la escolta.
Documento
En este sentido, tanto el Departamento como el Ministerio de Interior se han negado durante todo el tiempo que ha durado el alto el fuego de ETA ha reducir las medidas de seguridad de los colectivos amenazados. A los escasos afectados que decidieron prescindir de guardaespaldas se les obligó a firmar un documento en el que admitían que asumían la responsabilidad que implicaba tomar esa decisión. El año pasado, cuatro meses después del comunicado de marzo que anunciaba la tregua, tanto la Administración central como la vasca decidieron revisar en septiembre todas las medidas de seguridad. Ese verano, sin embargo, los violentos radicalizaron sus ataques de 'kale borroka' y las amenazas verbales de ETA aumentaron. En noviembre, los departamentos dirigidos por Javier Balza y Alfredo Pérez Rubalcaba ya decidieron suspender cualquier posible modificación y mantener los niveles de seguridad previos a la tregua. Cada año, los escoltas cuestan al ministerio y el departamento 160 millones de euros.
