Los aparcamientos con plazas de rotación en suelo público de la ciudad pretenden subir de forma sustancial los precios de su servicio o aumentar los años de su concesión municipal. Aseguran que si no se modifican las cláusulas de sus actuales contratos, que fijan unos límites tarifarios por hora, segmentos de hora y abonos, dejarán de ser rentables al empezar a facturar la estancia de los vehículos en minutos.
Además de la importante pérdida de ingresos, estas empresas sostienen que si no se produce una revisión de sus concesiones tendrán que elegir entre incumplir la nueva ley o el acuerdo que tienen firmado con el Ayuntamiento. La razón es que a día de hoy nada dice en sus contratos sobre la posibilidad de cobrar por debajo de la fracción de media o cuarto de hora. Por esos condicionantes, los responsables de estas empresas dicen que «están maniatados» en beneficio de los aparcamientos y garajes privados de Gijón, que desde el pasado 1 de junio ya tienen la obligación de cobrar a sus clientes por minutos.
La brecha de precios entre unos aparcamientos y otros ya es un hecho. Así, mientras los que dependen del Ayuntamiento facturan la hora a 1,30 euros de media, los demás -con libertad para establecer sus precios- cobran por el mismo canon horario como poco 1,80. Esto es, 50 céntimos más de promedio.
Los aparcamientos en régimen de concesión pública tienen de margen hasta el 1 de setiembre para adaptar sus tarifas a la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, una normativa que obliga a este tipo de negocios a cobrar el tiempo real de estacionamiento.
En estos momentos hay seis empresas concesionarias en la ciudad que explotan instalaciones de titularidad pública. Éstas además coinciden con algunas de las de mayor número de plazas y movimiento diario de coches por su céntrico emplazamiento. Se trata de las sociedades que gestionan los aparcamientos Jovellanos, en la plaza del Seis de Agosto; Arenal, en el parque de la Fábrica de Gas; Fomento, Begoña, Plaza de Europa y Náutico. Su intención es negociar con el Consistorio en «bloque» para modificar sus contratos con un criterio común.
El 'parking' de Feve, que no llega al centenar de plazas junto a la estación de trenes del Humedal, depende directamente del operador ferroviario de vía estrecha. Tiene seis empleados y ya cobra por minutos, a razón de tres céntimos por cada 60 segundos transcurridos. El vinculado al Mercado del Sur, por su parte, ya no tiene plazas de rotación y El Corte Inglés tiene reservada una planta completa para sus proveedores.
Los pliegos de los contratos difieren de una concesión a otra. Así los más antiguos como el del Náutico tienen mayor margen de maniobra que los más recientes. Todos sin excepción tienen que respetar unos precios máximos pactados con el Ayuntamiento, que se van actualizando año a año con la previsión de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Algunas de estas sociedades, a pesar de la moratoria legal de más de dos meses que tienen por delante, ya han incorporado los nuevos programas informáticos, los cajeros y las máquinas de entrada y salida para introducir tiques, así como las cámaras perimetrales que permiten registrar en esos tiques la matrícula de los coches. Unas fuertes inversiones que estas empresas afirman ser «incapaces de amortizar» si no es con una adecuación de los precios o la prolongación en el tiempo de sus concesiones.
Por su parte, el edil de Hacienda en funciones, Pedro Sanjurjo, admitió que ya han empezado las conversaciones con el sector para facilitar la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación. De hecho, anunció que el próximo lunes mantendrá una reunión con todos los concesionarios, en lo que puede interpretarse como una primera ronda negociadora. Sobre el margen de maniobra con que cuenta el Ayuntamiento para renegociar los contratos, Sanjurjo señaló que «tenemos hasta setiembre para fijar un criterio, y en cualquier caso esta es una cuestión que deberá resolver el próximo equipo de gobierno».
