El Gobierno pretende negociar en el Parlamento, de forma consensuada con todos los grupos, los limites que tendrá la salida a Bolsa de una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, según los últimos datos disponibles (finales de febrero) tenía una dotación cercana a los 40.335 millones de euros, cifra equivalente al 4,1% del producto interior bruto (PIB) si bien la previsión oficial es que a finales de año rondará los 50.000 millones. El proyecto de ley que introduce esta novedad en la forma de gestionar esos recursos, destinados a costear parte de la jubilación de quienes trabajan y cotizan a las arcas públicas en España, fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Dado que la tramitación del anteproyecto se ha prolongado durante casi dos meses, es probable que el Congreso de los Diputados no pueda iniciar el estudio del texto legislativo hasta octubre (en junio, último mes de trabajo antes de sus vacaciones, ya tienen casi todo el calendario cubierto), de manera que es previsible que la aprobación final del mismo, tras su paso correspondiente por el Senado, no se produzca hasta diciembre.
En cualquier caso, los populares ya han adelantado que si el proyecto no sufre cambios sustanciales en su contenido «va a tener toda nuestra oposición». El argumento que el portavoz parlamentario adjunto del PP, Vicente Martínez-Pujalte, utilizó ayer para justificar ese rechazo previo es que teme que «el Gobierno de Rodríguez Zapatero juegue con las pensiones de los españoles».
«Irresponsabilidad»
Aunque la gran patronal (CEOE y CEPYME) y los principales sindicatos (CC OO y UGT) han dado su respaldo a este plan, desde el primer partido de la oposición se juzga como «absolutamente irresponsable» que el Ejecutivo invierta en Bolsa ese dinero público «sin ningún tipo de control, garantía y restricción». El PP aprovechó en este sentido para recordar las últimas actuaciones polémicas relacionadas con la Oficina Económica de La Moncloa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la sociedad Intermoney, de la que proceden varios de los altos cargos económicos de la actual Administración socialista.
Ajenos a estas críticas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apunta que será en la tramitación parlamentaria y, sobre todo, en el posterior desarrollo reglamentario de la futura ley, donde se regularán los principios de inversión a los que estará sujeto el capital procedente del Fondo de Reserva, así como el límite anual que podrá emplearse del mismo. De momento, ya se sabe que junto a los activos financieros públicos (por ejemplo, letras del Tesoro), ese dinero se podrá colocar también en renta fija emitida por entidades privadas y en valores variables (es decir, en el propio mercado bursátil).
