El Tribunal Supremo ordenó ayer reabrir el llamado 'caso Tabacalera', lo que en la práctica supone allanar el camino para que el principal imputado en el mismo, Cesar Alierta, ex presidente de la empresa española de tabacos y ahora primer ejecutivo de Telefónica, se siente en el banquillo. Los magistrados de su Sala Segunda consideran que la Audiencia Provincial de Madrid se excedió al declarar de forma «extemporánea» la prescripción del presunto delito por el que el Ministerio Público acusa en este procedimiento: uso de información privilegiada, en concreto, en unas inversiones bursátiles en 1997.
En su sentencia, contra la que los abogados de Alierta tratarán de interponer un nuevo recurso de súplica, a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre un amparo ya admitido a trámite, los miembros de la instancia penal del alto tribunal dejan claro que deberá ser en el juicio oral correspondiente donde se diluciden tanto ese como otros aspectos relativos al proceso. Afirman que, conforme a la jurisprudencia fijada en casos como el de 'Segundo Marey' (sumario principal de los GAL), estos asuntos han de ser presentados por las partes y resueltos por el tribunal en una vista de cuestiones previas.
De hecho, no sería la primera vez que un empresario español se sienta en el banquillo (Emilio Botín, presidente del Santander, tuvo que hacerlo dos veces), aunque no llegue a entrarse en el fondo del juicio al archivarse éste en sus inicios por cuestiones de técnica jurídica. El Supremo, por tanto, no se pronuncia sobre si en este caso podría ocurrir lo mismo. Lo que sí hace es criticar con severidad la resolución de sus colegas de la Audiencia Provincial, por «lesionar de forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva de la Fiscalía y del resto de acusaciones», ya que entiende que ellos no son competentes para resolver en aquel momento (noviembre de 2005) si la prescripción del delito en cuestión finaliza a los cinco años o a los diez.
Plusvalías millonarias
La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cuatro años y medio de cárcel para Alierta por usar supuestamente información privilegiada para invertir 400 millones de las antiguas pesetas (2,4 millones de euros) en comprar unas 50.000 acciones de Tabacalera. Dicha operación, realizada en 1997, le proporcionó unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas (1,86 millones de euros) gracias a la revalorización de los títulos en unos pocos meses. El Ministerio Público reclama el comiso de esas ganancias.
También está imputado su sobrino político, Luis Javier Placer, al que el fiscal considera «testaferro» de Alierta y para el que solicita cuatro años de cárcel por el mismo delito. En ambos casos, pide también que se les imponga una multa por valor de 216.364 euros.
Según su escrito de acusación, la presunta información privilegiada de la que pudo aprovecharse el entonces presidente de Tabacalera fue la adquisición de los principales activos de la firma Havatampa, segundo fabricante de cigarrillos de EE UU, así como la subida de los precios en España.
Este procedimiento se inició en noviembre de 2002 a raíz de una denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), que ejerce la acción popular y contra cuyo presidente se ha querellado el propio Alierta por un presunto intento de chantaje por valor de 600.000 euros.
El Ministerio Público se incorporó después, si bien no llegó a presentar una querella contra el ex responsable de Tabacalera por decisión expresa del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien al igual que el primer juez del caso no apreciaba la existencia de indicios de delito.
