El Gobierno no ve forma de evitar que los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) elegidos en las pasadas elecciones locales tomen posesión de su cargo el próximo 16 de junio. La demanda del Partido Popular para que se intente impedir su ingreso en los ayuntamientos carece, en opinión de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, de cauce legal.
La número dos del Ejecutivo recordó que la formación independentista «ha pasado todos los filtros» para poder participar en las instituciones democráticas y «está dentro de la ley». «Si comienza a actuar fuera de la ley por supuesto que el Gobierno tomará la iniciativa y actuará», prometió.
La propuesta de Mariano Rajoy ha sido interpretada por los socialistas como una excusa para denegar a José Luis Rodríguez Zapatero el apoyo en materia antiterrorista. Fernández de la Vega eludió el reproche directo, pero se mostró convencida de que el PP sabe «qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la Ley de Partidos y con la Ley Electoral», y justificó el tono pesimista empleado anteayer por el presidente del Gobierno al referirse al encuentro que mantendrá pasado mañana en La Moncloa con el líder de la oposición.
Rodríguez Zapatero auguró que los populares utilizarán el terrorismo para intentar desgastarle hasta el último día de la legislatura. La vicepresidenta defendió, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no hizo sino «constatar» lo que han podido apreciar «todos los ciudadanos» a lo largo de los últimos años: que el PP ha hecho de la lucha contra ETA un «eje vertebral» de su política de oposición. Aún así, aseguró que el presidente no ha perdido la «esperanza» de que la situación cambie y se negó a dar por «fracasada» la entrevista. Hasta ahora, el saldo de las reuniones mantenidas entre ambos dirigentes ha sido negativo. Jamás han llegado a un solo acuerdo. Los populares han puesto ahora una condición para romper esa tónica. Exigen a Zapatero que «retome» la política del pacto antiterrorista y que renuncie «claramente» a la negociación con ETA. El secretario general del partido, Ángel Acebes, aseguró que la actuación contra ANV no es, en cambio, una «condición sino un requisito básico de la democracia» para evitar que la banda se refuerce.
Acebes se mostró convencido de que aún existe una oportunidad de impedir que los concejales de la formación respaldada por Batasuna recojan sus actas si se insta su ilegalización. Su tesis es que los tribunales podrían frenar la toma de posesión como medida cautelar antes de dilucidar si el partido está o no fuera de la ley por su supeditación a ETA. «Hay poco tiempo, pero lo hay», aseguró. En cualquier caso, el número dos del PP insistió en que lo que de verdad interesa a los suyos es que Zapatero cambie su política de «cesión y vaya a por ETA con todos los instrumentos de la ley».
La Fiscalía del Tribunal Supremo analizó la situación la semana pasada y llegó a la conclusión de que la experiencia de solicitar la anulación de sólo la mitad de las candidaturas de ANV ha abierto un «interesante» cauce en la Ley de Partidos que permite casi todo, excepto impedir la toma de posición de los concejales y junteros de esa formación elegidos en las urnas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado podrían tanto explorar la vía de instar la ilegalización de ANV como la de extender a esta formación 'abertzale' la suspensión de actividades ordenada para la ilegalizada Batasuna. Son dos procesos cuya resolución siempre se producirá después de que se hayan constituido los nuevos ayuntamientos y juntas generales en el País Vasco.
Ninguna de estas dos vías, según el mismo análisis, permite solicitar como medida cautelar que ciudadanos elegidos en las urnas no tome posesión de sus cargos. Y, una vez investidos de la condición de concejales o junteros, sólo una sentencia penal puede privarles de ella.
Llamazares
Más crítico se manifestó el coordinador federal de IU, Gaspar Llamazares. considera que el PP quiere tener el «monopolio del Estado, de la política antiterrorista y del interés general», y vaticinó que como para los populares la lucha contra ETA «es una política de partido». Llamazares, señaló que para conseguir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas democráticas, el PP y todos los demás tienen que «hacer concesiones». Por eso argumentó que si el PP «ya antes dice que ANV tiene que estar ilegalizada, que hay que derogar el acuerdo del Congreso y cargarse al fiscal general del Estado», en realidad está haciendo «una apuesta por el no acuerdo».
