En Asturias no habrá ayudas directas a la natalidad. El consejero en funciones de Economía y Administraciones Públicas lo dejó claro ayer al afirmar que «no está demostrado que haya una correlación positiva entre el aumento de las tasas de natalidad» y la implantación de bonificaciones relacionadas con los nacimientos. Jaime Rabanal valoró ayer para EL COMERCIO los últimos datos del padrón municipal avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales advierten de que Asturias fue la única comunidad autónoma que perdió población a lo largo de 2006, en concreto, 2.264 habitantes. La merma demográfica se originó en un contexto en el que la cifra de habitantes logró incrementarse en toda España, a pesar de que el Principado recibió un importante balón de oxígeno de mano de la inmigración, que creció en un 7%.
Rabanal no comparte lo expresado estos días por expertos en demografía ni tampoco por el Partido Popular, que propusieron seguir el camino de otras comunidades, la mayoría de las cuales disponen de ayudas y subvenciones relacionadas con el fomento de la natalidad. El titular de Economía reconoció que «en el Principado no está previsto implantar» este tipo de bonificaciones, al dudar de que las mismas contribuyan a aumentar la cifra de nacimientos.
Tal y como adelantó ayer EL COMERCIO, Asturias y La Rioja son las únicas comunidades que no disponen de prestaciones económicas vinculadas al nacimiento de hijos. En el resto del arco autonómico, sus residentes sí gozan de subvenciones, bien a través de un pago único o fraccionado por cada uno de los nacimientos (generalmente a partir del segundo hijo), o a través de deducciones fiscales.
Otras medidas
En Asturias, según puntualizó ayer Rabanal, la apuesta va en otra dirección. El Principado considera más efectivas otro tipo de políticas que, en su opinión, pueden contribuir a que las parejas asturianas tengan más hijos y romper así la insistente tendencia del crecimiento vegetativo negativo (mueren más personas de las que nacen) que la región sufre desde 1986. Se trata, señaló el consejero, de actuaciones relacionadas con «el fomento del empleo, el acceso a la vivienda, la potenciación de los servicios sociales y el fomento de la conciliación de la vida familiar con la laboral».
El titular de Economía se manifestó en sintonía con lo avanzado días atrás por su homóloga Laura González, consejera en funciones de Vivienda y Bienestar Social, que ya había dejado entrever su escaso convencimiento hacia las ayudas a la natalidad. Así las cosas, en el Gobierno regional no sólo no ven claro que el pago de 300 o 400 euros al mes por hijo ayude a aumentar la pírrica tasa asturiana de fecundidad (la más baja de España con 0,96 hijos por mujer en edad fértil), sino que ya se manifiestan públicamente contrarios a este tipo de cuantías.
Deducción en el IRPF
Actualmente, son quince las comunidades autónomas que disfrutan de algún tipo de contribución económica para promover el volumen de nacimientos. En once de ellas se arbitraron ayudas directas (pago por hijo o hijos nacidos). Se trata de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco. Junto a los pagos existen otros de menor cuantía, que tienen su reflejo en la tabla de deducciones del IRPF. En este apartado figuran nueve autonomías. Son Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Los conceptos a deducir varían según la comunidad. Baleares incluye los gastos por guardería y Valencia los de 'amas de casa' con más de dos hijos a su cargo.
Con todo, los datos sobre pérdida de población en Asturias no parecen quitarle el sueño al consejero de Economía, quien aseguró que «no hay que levantar la voz de alarma». Rabanal recordó que «la evolución de la población asturiana ha sufrido muchos altibajos» en los últimos años. De hecho, apuntó que en la década de los noventa «la disminución fue más acusada».
En todo caso, insistió que la merma demográfica de Asturias «es un problema conocido», vinculado también con los elevados índices de envejecimiento, y extensible a otras muchas comunidades autónomas. «No es un problema singular de la región», concluyó.
