Dirige un área del Gobierno socialista no solamente fundamental en la organización de un país, sino con un mando que alcanza a cerca de 130.000 militares profesionales y civiles. Juez de carrera, ex vocal del Poder Judicial, ex titular de la cartera del Interior, José Antonio Alonso Suárez no oculta que su gestión está en el punto de mira del Partido Popular, que cuestiona la política de misiones internacionales en el exterior. Una 'pelota' que le rebota al Gobierno de Zapatero en respuesta a su oposición a la guerra de Irak en el año 2003.
-¿Cómo se encuentra en este momento la investigación oficial para aclarar la muerte de los seis soldados españoles en Líbano?
-Como es lógico, la investigación la están llevando las autoridades de ese país. Los datos de los que disponemos inicialmente son los referidos a la matrícula del coche bomba y su bastidor. Se ha localizado a un testigo también y contamos con datos que nos permiten marcar una línea de investigación, aunque no es lo mismo investigar un atentado terrorista en España que en un país como Líbano. Vamos a seguir trabajando para determinar quiénes son los autores materiales del crimen. Por los análisis del CNI, todo apunta a que se trata de una célula terrorista con vínculos internacionales 'yihadistas'.
-¿Acto terrorista o acción de guerra, ministro?
-Esta es una discusión que creo que está ya zanjada. La misión de Naciones Unidas es claramente para llevar la paz, no la guerra, de acuerdo con la Carta de la ONU. Eso no quiere decir que esta operación de paz no se desarrolle en una zona donde hay mucha violencia y esa circunstancia siempre la he dicho desde mi primera comparecencia parlamentaria en el Congreso. Líbano es una país muy complejo donde hay muchos grupos armados y de ahí que la fuerza pacificadora esté compuesta por soldados.
-¿Cuál es su opinión sobre la polémica de las medallas póstumas a los soldados fallecidos en el atentado?
-Ha sido una polémica, no sólo falsa y absurda, sino también dolorosa para los familiares de los fallecidos. El hecho de que se dé una medalla de distintivo rojo o amarillo no depende de que se esté o no en una situación de guerra. En Irak, el Gobierno del señor Aznar concedió la medalla de distintivo amarillo a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia que fueron asesinados. La imposición de medallas se ha hecho de acuerdo al decreto del año 2003, que fue aprobado en la época del PP. ¿Qué va a hacer el Gobierno socialista? Pues muy claro, conceder a los militares muertos en el Líbano la medalla con distintivo rojo, y así lo ha acordado el Consejo de Ministros. Cuando esté aprobada la reforma se evitarán este tipo de discriminaciones absurdas en actos en servicio.
-Precisamente, ¿en qué fase está la investigación por este atentado en Irak?
-Quien debe de responder al respecto es el Gobierno norteamericano, que llevó a cabo detenciones y que se las comunicó al anterior Gobierno español.
-¿Cuántos inhibidores de frecuencia, que eviten atentados, ha encargado su departamento?
-La opinión pública debe saber que ha sido este Gobierno el que ha comenzado la instalación de estos equipos desde el verano de 2005. Nunca antes las unidades españolas que actuaban en el exterior habían dispuesto de los mismos, y, como parece lógico, comenzamos en aquellas zonas donde existía más riesgo para nuestros soldados, en este caso en Afganistán. Es allí en donde en un año se ha llegado a contabilizar hasta un millar de atentados con coches bomba. Un inhibidor cuesta unos 7.000 euros y se han encargado cerca de 70 para las fuerzas del Líbano. He dado instrucciones al Ejército de Tierra para que se acelere lo máximo posible estas instalaciones de equipos de seguridad.
-Existen dudas respecto a si se hace lo suficiente por la seguridad de los militares españoles.
-Eso no es así, ya que el Gobierno tiene muy claro que este gasto es prioritario. El desembolso en este apartado para el Líbano asciende a 108 millones de euros, lo que indica el esfuerzo en esta materia.
-En las próximas semanas se conocerán la cifras del gasto en armamento del Ministerio de Defensa. ¿Va a crecer para el año que viene?
-Estamos negociando con Hacienda las principales partidas y, por el momento, no hay nada cerrado. Disponemos de recursos financieros y creo que se están gastando muy bien. En cualquier caso, he de recordar que en mi primer año como ministro de Defensa, el 2006, el presupuesto subió un 8,6%, lo que supone el mayor incremento en los últimos 20 años. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está haciendo un esfuerzo muy importante para que nuestras Fuerzas Armadas se modernicen y estén a la altura de los mejores ejércitos de mundo. El 80% del presupuesto de Defensa se está empleando en gastos de operatividad, material, mejoras salariales o formación militar. Sólo gastamos un 14% en la burocracia.
-¿La formación que se imparte en las academias militares está en consonancia con el modelo de ejército occidental?
-La enseñanza militar en nuestros centros es buena...
-Pero, ¿no hay vestigios del pasado?
-No. Una de las prioridades del Ministerio ha sido avanzar en la Ley de la Carrera Militar, que supone no sólo una racionalización de la estructura de las Fuerzas Armadas, sino que esta esté en consonancia con el tamaño del país y en estrecha relación con el desarrollo tecnológico. En este sentido, el Gobierno aspira a que la preparación que se imparte sirva para unas Fuerzas Armadas del futuro. ¿Cómo queremos encararla? Queremos que a la enseñanza de las academias se les sume la posibilidad de que los militares obtengan una titulación de una universidad pública que tenga que ver con la actividad militar y que de este modo podamos seguir teniendo, en los próximos 20 o 25 años, los buenos militares que tenemos en la actualidad.
-La integración de la mujer en el Ejército es cada vez mayor, pero ¿para cuándo habrá una mujer general entre la cúpula militar?
-Desde 1992 la mujer está presente en nuestros ejércitos sin discriminación legal pero, como es normal, los ascensos siguen sus trámites de antigüedad. Estoy convencido de que ese momento llegará y que una mujer, en estos momentos alguna de las 95 comandantes que hay, se sentará como jefa del Estado Mayor de la Defensa en igualdad con la profesionalidad de los varones. Una prueba del avance en este campo es que ya tenemos a la primera mujer que es piloto en aviones de combate como los F-18.
-A pesar de ello, en ocasiones se denuncian comportamientos machistas en una estructura mayoritariamente masculina.
-No creo que responda a la realidad, ya que la integración de la mujer en todos los campos es imparable, incluso en el Ejército. Las mujeres militares son muy competentes y ello se demuestra porque el grado de integración en nuestras Fuerzas Armadas alcanza ya el 12% de la plantilla. Somos el tercer país del mundo con mayor presencia femenina en sus ejércitos.
Inmigrantes en la tropa
-¿Va a seguir el reclutamiento de inmigrantes?
-Actualmente la presencia de soldados no españoles alcanza el 7% y mi meta es que no se supere el 9%. Esta cifra sería el límite, que coincidiría con el número de inmigrantes que hay en España.
-Como juez profesional, ¿qué cambios se plantea respecto al Código Penal Militar?
-Ninguno. Es un código sancionador que consideramos democrático, ya que en él se establecen garantías suficientes.
-Pero los sindicatos y asociaciones de guardias civiles se quejan de la dureza de las penas.
-La Guardia Civil es una institución militar y cuando actúa bajo funciones propiamente militares, como por ejemplo en el extranjero, la penalización de las conductas o faltas debe de ser castrense en todos sus aspectos. Lo que debe de quedar claro es que las Fuerzas Armadas tienen una estructura jerarquizada que exige una disciplina para que pueda funcionar eficazmente.
-¿Qué cambios ha hecho el PSOE respecto a la Guardia Civil que no hizo el anterior Gobierno del PP?
-Fundamentalmente modificar el régimen sancionador. No parece lógico que cuando los agentes actúan con funciones policiales se les sancione como militares.
-Los acuartelamientos de Defensa que están en los centros de las capitales españolas se han convertido en 'apetecibles' para constructoras.
-Nuestra prioridad es la defensa nacional y todas aquellos edificios que sean básicos continuarán donde están y se mejorarán. Es cierto que hay otras muchas instalaciones que ya no son necesarias, porque eran de tiempos del reclutamiento obligatorio. Con estos edificios lo que estamos haciendo es suscribir convenios con los ayuntamientos bajo dos condiciones: una, que haya una reserva para viviendas protegidas, al menos la mitad, y otra, que los equipamientos públicos se incrementen. Este año hemos cedido a instituciones públicas alrededor de nueve millones de metros cuadrados.
-En este aparentemente resurgimiento de una nueva 'guerra fría', con las propuestas de escudos antimisiles de EE. UU. en Chequia y Polonia, ¿dónde se sitúa España?
-La posición española está en perfecta consonancia con nuestra presencia en la OTAN, pero teniendo en cuenta que Rusia es un país con una importancia clave en las relaciones internacionales. Apoyamos la instalación de los escudos antimisiles, pero antes es preciso que la diplomacia trabaje a fondo para evitar cualquier malentendido con los rusos.
-¿Qué papel tendrá la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la próxima campaña antiincendios?
-Habrá una compañía dispuesta por cada una de sus cinco bases que hay repartidas por el territorio nacional, en concreto en León, Madrid, Valencia, Sevilla, y Zaragoza. La disposición del Ministerio de Defensa en este primer año de funcionamiento de la UME es ayudar en todo lo que podamos, pero sin olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen sus obligaciones y las competencias transferidas en Protección Civil. La UME no va a estar desplegada sólo para extinguir los incendios, sino que, cuando esté completamente en servicio, colaborará en siniestros naturales u otro tipo de accidentes tecnológicos. Era una unidad necesaria y, cuando este Gobierno llegó, consideró una obligación su creación como una respuesta del Estado a este tipo de catástrofes. Prevemos destinar en esta legislatura cerca de 450 millones de euros y con un total de efectivos próximo a los cuatro mil hombres.
-La polémica en la venta de aviones y buques al Gobierno de Venezuela pasó. ¿De qué forma se ha suplido esta falta de contratos?
-La industria nacional hace contratos con diferentes países del mundo. En el caso del Gobierno de Hugo Chávez, lo que sucedió fue un problema político que se ha superado. Afortunadamente, hemos firmado un contrato con Australia, que consideramos como el mayor contrato de la historia de la industria naval militar española. El importe total de la operación se acerca a unos 5.000 millones de euros, de los cuales nuestra industria se quedará con unos dos mil. Se trata de buques que se construirán en los astilleros de El Ferrol.
