El Gobierno nunca tuvo mucha fe en la fortaleza del consenso alcanzado con el PP tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, y un mes después cree que ha saltado por los aires. Funda su impresión en la actitud de Mariano Rajoy durante el debate del estado de la nación, en el que reclamó una y otra vez las actas de las conversaciones con la organización terrorista, y el reciente anuncio del partido opositor de que va a volver a llevar la lucha contra ETA al ámbito parlamentario.
El consenso antiterrorista ha sido flor de un mes. José Luis Rodríguez Zapatero reiteró la oferta unitaria la semana pasada y garantizó en el Congreso que el diálogo con ETA está sepultado y sin margen para reanudarlo, pero el PP no se fía y ha decidido volver a la estrategia anterior a la ruptura de la tregua. El Ejecutivo cree que la utilización de la lucha antiterrorista como elemento de desgaste gubernamental es una decisión estratégica del partido opositor y no va a renunciar a ella hasta el final de la legislatura. Este último mes ha sido un paréntesis en esa forma de actuar.
Rodríguez Zapatero, según fuentes socialistas, va a intentar rehuir ese debate. Hizo caso omiso ante las peticiones para que hiciera públicas las actas de las conversaciones con ETA y así piensa seguir en los meses que quedan hasta las elecciones. El presidente del Gobierno, según fuentes de La Moncloa, sabía que el acuerdo de no agresión en materia antiterrorista tenía fecha de caducidad y sólo faltaba marcar el último día de vigencia, cosa que hizo Rajoy en la primera jornada del debate de política general.
El jefe del Ejecutivo no dio en su día mucha credibilidad al compromiso del líder opositor de poner el marcador a cero y «arrimar el hombro olvidando todo lo ocurrido» siempre que el objetivo fuera derrotar a ETA. El Gobierno, sin embargo, no exteriorizó su escepticismo y la vicepresidenta primera llegó a afirmar que apreciaba «un cambio» en la actitud del presidente del PP. Ni siquiera el armisticio parlamentario, tres sesiones de control al Gobierno sin que Rajoy preguntara por aspectos de lucha antiterrorista, despejó los recelos. «No saben hacer oposición sin ETA», comentó hace pocos días un ministro del núcleo duro del Ejecutivo.
El descreimiento gubernamental se vio acrecentado ante la tibia reacción de los 'populares' ante los últimos golpes policiales a la organización terrorista. Ni Rajoy ni otros dirigentes de la oposición salieron a felicitar al Ministerio del Interior o a las fuerzas de seguridad, ni siquiera para decir que ése es el camino correcto. Ese silencio acabó de convencer a los miembros del Ejecutivo de las intenciones del PP.
Zapatero, pese a todo, no renuncia a llegar a puntos de encuentro con Rajoy en este terreno. En el Gobierno creen que el mejor termómetro para medir hasta donde está dispuesto a llegar el PP en esta estrategia de confrontación será su reacción ante un atentado. Fuentes gubernamentales se barruntan que los 'populares', si bien es de esperar que culpen a los terroristas de la acción criminal cuando se produzca, responsabilizarán al Ejecutivo por haber permitido, durante el proceso de búsqueda del final dialogado de la violencia, el rearme y la reorganización de ETA.
Diputación Permanente
El partido opositor está convencido de que esa estrategia es la más rentable para sus intereses electorales, ya que si bien no capta simpatías en otros caladeros de votantes, fideliza a los suyos. En esta línea, ha decidido cambiar el paso y volver a plantear iniciativas parlamentarias sobre ETA. El Gobierno espera que no van a pasar muchos días para que el PP solicite una reunión de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que reemplaza al Pleno en periodos inhábiles, para que el Ejecutivo entregue las actas de sus conversaciones con los terroristas.
