El líder del PP y candidato de su formación a las próximas elecciones generales, Mariano Rajoy, anunció ayer que si sale victorioso y logra formar gobierno reducirá la presión fiscal sobre los contribuyentes, sobre todo en el ámbito empresarial y la actividad ligada al sector inmobiliario.
En concreto, prometió reducir o incluso «eliminar» el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se ha de abonar cada vez que se acude a un registro para oficializar una operación, por ejemplo, en las compraventas de casas.
También prepara reformas, aunque no las detalló, en el gravamen sobre transmisiones patrimoniales, que suele ir unido al anterior. Se trata de dos tributos cuyo abaratamiento es reclamado desde hace años por los expertos en fiscalidad, en un intento por reducir los costes de adquisición de una vivienda.
Sin embargo, siempre han encontrado la oposición de las comunidades autónomas, que tienen en ambos una de sus principales fuentes de ingresos. En concreto, tres de cada cuatro euros que recaudan llegan por esa vía: fueron 15.335 millones de euros en 2005 (último año del que se tienen datos oficiales sobre la liquidación del sistema de financiación territorial), lo que supuso un 23% más que el ejercicio anterior.
Con estos números en la mano, parece evidente que Rajoy tendría problemas para acometer cambios en sendos impuestos que están transferidos a las autonomías, por lo que resultaría necesario alcanzar antes un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, seguramente ofreciéndolas una vía de ingresos alternativa. Dado que está pendiente de negociación el nuevo modelo de financiación, es previsible que los 'populares' traten de negociar sus pretensiones en ese foro si vencen en las urnas.
Más factibles parecen los otros cambios fiscales propuestos por el líder del PP durante la conferencia que dio este martes sobre el crecimiento económico de España, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora PriceWaterhouse Coopers. En concreto, suprimirá el impuesto sobre el patrimonio, que supone una 'rara avis' en Europa.
