El catálogo urbanístico del municipio, en proceso de redacción, incluirá al colegio de la Inmaculada como nuevo edificio protegido. El centenario centro educativo gijonés -no así su iglesia- llevaba fuera del inventario de bienes inmuebles y espacios naturales de interés público de la ciudad desde la confección del primer listado, en los años ochenta, a partir de los trabajos del urbanista Ramón Fernández Rañada.
La inclusión en el catálogo complica una posible operación urbanística en uno de los solares más apetecibles de Gijón por sus grandes dimensiones y localización. Así, una promotora llegó a ofrecer hace años a los jesuitas la construcción de un nuevo colegio en terrenos de Mareo a cambio de liberar suelo para construir una urbanización de lujo en ese emplazamiento.
El colegio fue inaugurado el 30 de setiembre de 1890, con motivo de su primer curso académico. Lo construyeron los jesuitas en una colina situada a más de 200 metros de donde entonces terminaba Gijón. Se trataba de un lugar ideal, sin casas en los alrededores, abierto a los cuatro vientos, cuya elevación permitía ver el mar. El edificio era sobrio, sólido, simple, de una funcionalidad máxima, donde se prescindió de todo lujo y ostentación. El 23 de enero de 1932, durante la persecución religiosa llevada a cabo por la Segunda República española, el Gobierno republicano disolvió la Compañía de Jesús y se incautó de todas sus propiedades, incluido el colegio, que destinó a cuartel del Regimiento Simancas.
Durante la Guerra Civil el inmueble quedó totalmente destruido. El 8 de octubre de 1941, por decreto del Ministerio de Justicia, el solar fue devuelto a los jesuitas, y el 23 de noviembre de ese mismo año comenzaron las obras de reconstrucción sobre planos de los arquitectos Federico y Francisco Somolinos, antiguos alumnos del centro. En 1946 la comunidad religiosa volvió al reconstruido edificio, donde permanece hasta hoy.
Otra peculiaridad del colegio, y en concreto de su fachada principal, es que luce el monumento a los Héroes del Simancas. Realizado por el escultor Manuel Álvarez Laviada y el arquitecto de la Universidad Laboral Luis Moya, es la única obra característica de la monumentalidad franquista que se conserva en Gijón.
Todos esos datos se volcarán en la ficha del nuevo edificio protegido que el equipo redactor, adscrito al estudio de arquitectura gijonés Dolmen e integrado por doce personas, entregará al Ayuntamiento conjuntamente con el resto del inventario a finales de agosto o comienzos de setiembre. A partir de la presentación de ese borrador, denominado de aprobación inicial, el catálogo urbanístico permanecerá un mínimo de dos meses en exposición pública para recibir alegaciones.
Pese a que la Concejalía de Urbanismo tiene máximo interés por acelerar la entrada en vigor de este documento urbanístico, no es previsible que eso ocurra antes de mediados de 2008. La culpa la tiene una tramitación legal muy parecida a la del PGOU, que obliga a remitir el catálogo a la CUOTA, someterlo a una aprobación definitiva, atender a los posibles recursos de reposición y elaborar un texto refundido.
El catálogo acabará teniendo rango superior al Plan General, ya que en caso de contradicción entre ambos puede forzar a la introducción de cambios en el texto normativo para adaptarlo a sus disposiciones. Ningún inmueble incluido dentro él podrá tener, finalmente, menos de 30 años. De esta forma se aprovechará a criterio del equipo redactor parte del material catalogado previo, que deberá ser obligatoriamente actualizado, y se cubrirá el vacío existente entre las década de los cuarenta y los setenta con nuevas incorporaciones. El colegio San Vicente de Paúl, de 1883, también verá aumentar su protección.
Como el 'Google Earth'
El trabajo se presentará en base documental escrita y gráfica, así como en soporte informático con base de datos compatible con el programa de Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés). Ese sistema permitirá el libre acceso ciudadano a toda la información documentada y archivada por el equipo redactor sobre los bienes catalogados en fichas, siguiendo el patrón del 'Google Earth'.
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.
Antes de esta actualización en marcha había en Gijón casi mil inmuebles incluidos en la lista de edificios y jardines protegidos, pues se incluye también el barrio de Cimadevilla, regulado en materia urbanística desde hace años por su propio PERI. En estos últimos veinte años más de la mitad de ellos han sido rehabilitados. De hecho, se calcula que en este tiempo se han salvado unos 170 inmuebles de interés cultural gracias a las normas de protección.
