CONOCIDO el Gobierno de Álvarez Areces para la presente legislatura, desde distintos sectores de la vida pública asturiana llegan las primeras valoraciones. Severino García Vigón, patrón de patrones, considera que la situación del Ejecutivo en la Cámara es una dificultad añadida para gobernar. En efecto, es la primera vez que el presidente Areces inicia el mandato con más diputados ubicados en la oposición que a favor del Gobierno.
En situación de mayoría relativa está también Zapatero, al encontrarse los socialistas a once escaños de la mayoría absoluta. En el Congreso de los Diputados, la política seguida por Zapatero para superar el escollo de la oposición consistió en poner de portavoz a Alfredo Pérez Rubalcaba, persona especialmente dotada para consensuar proyectos legislativos con varios interlocutores. Hasta tal punto resultó clave la figura de Rubalcaba que los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2005 y 2006 fueron negociados por él con todos los grupos parlamentarios, cuando es una labor que recae tradicionalmente sobre el ministro de Economía. Una vez establecidos lazos estables con varios grupos minoritarios, Rubalcaba fue nombrado ministro del Interior, y le pasó el testigo a Diego López Garrido. Cuando las cosas se complican en el Parlamento, Rubalcaba deja de ser ministro, por unas horas, y se reúne con los portavoces.
¿Es válida esa fórmula para el Gobierno de Areces? ¿Puede superar la reválida parlamentaria con los buenos oficios de Lastra? Es mejor contar con un buen portavoz parlamentario que carecer de él, pero la situación en la Junta General del Principado es muy distinta para los socialistas a la del Congreso de los Diputados. Hay tres grupos parlamentarios, con el PP investido como alternativa de gobierno, así que la forma de completar mayorías sólo es posible con IU. En Madrid, puede Zapatero aliarse con ERC e IU, pero también suma los mismos escaños si pacta con CiU y Coalición Canaria. Y todavía le queda la posibilidad del PNV para poner parches. Quizás por ello desde el Principado se planea como primera gran operación política del mandato la negociación del pacto social, un asunto que no se vota en la Junta General del Principado.
