MBAYE había llegado de Senegal hacía un año -en patera, como la mayoría de sus compatriotas- y desde Tenerife en un avión le trasladaron a la península con 50 euros y ropa seca. Ahora, en la pulcra comisaría adonde le han llevado junto con otros seis compañeros, se esfuerza en hacerse entender. Cuenta para ello con la inestimable ayuda de una compatriota intérprete con años de residencia legal y una sonrisa infinita. Mbaye repite nerviosamente el mismo argumento: «tengo recibo», «yo paga 280 euros organización», «yo legal». Los pacientes policías habituados a oír la misma cantinela tratan de hacerle entender que sí, que vale, pero que eso no justificaba que en su tenderete vendiese los bolsos imitación de Carolina Herrera a 15 euros.
El abogado de guardia tampoco encuentra el modo de trasladarle al africano las sutilezas del Derecho Administrativo; cómo explicarle que una cosa es la Administración local y sus asociaciones hermanas, las que le permiten instalarse a la vera del Piles junto con cientos de sus compatriotas para ofrecer a los gijoneses retazos de glamour fusilado a 15 euros, y otra la Administración estatal de la que dependen los policías que le han detenido por infringir los derechos de propiedad industrial.
En éstas estan cuando se presenta la necesidad de una nueva intervención. Resulta que esta vez es una denuncia de la Policía Local (la del Ayuntamiento, para entendernos) con varios detenidos también senegaleses. Parece ser que protagonizaban una pelea dentro de un domicilio; los municipales acuden en cumplimiento de sus funciones a separar a los contendientes, y, ¿albricias!, descubren que en el piso se almacenan películas pirateadas, discos ilegales, cinturones y perfumes de marca. Así que, en estricto cumplimiento de su deber, detienen a los alborotadores y los ponen a disposición para que continúen las investigaciones, también por un delito contra la propiedad industrial.
El abogado, perplejo, se para a reflexionar un momento sobre la diferencia entre ese domicilio particular y el espacio de ciudad que va desde el puente del Piles hasta el de La Guía, por qué en un caso se puede hacer la vista gorda ante flagrantes incumplimientos de las leyes y en el otro se interviene normalmente. Halla la respuesta a sus tribulaciones en un ejemplar atrasado del periódico 'A Quemarropa' que reposa sobre la mesa; el director, creador, animador y mucho más de la Semana Negra explica que estamos ante un evento multicultural de ámbito mundial, en el que se mezclan sin complejos la literatura y elementos lúdicos, un magnífico ejemplo de cultura popular, una gran fiesta de la cultura en la calle, bares y librerías mezclados en perfecta conjunción. Una fiesta de la solidaridad siempre atenta a enfrentarse al neoliberalismo rampante, con éxito de público probado, pues los visitantes se acercarán al millón y las menciones de la ciudad en los diarios más prestigiosos abundan.
La perplejidad va en aumento. ¿Resulta necesario acudir a toda esta mano de obra barata de inmigrantes ilegales que en condiciones precarias ofrecen productos ilegales, que las masas se aprestan a comprar con fruición para darse el gustazo de lucir las marcas soñadas, engrosando además unas cifras de asistencia que son puro espejismo cultural? ¿Por qué a los invitados, intelectuales de pro les resulta tan fácil lanzarse contra el muro de Bush en la frontera mexicana, mientras a un paso, tras el río Piles, un campamento infrahumano de senegaleses, ecuatorianos y demás parias se hacinan durante quince días a la espera de que les caigan las migajas de nuestra 'macrofolixa' multicultural, lúdica y popular?
Ya está, piensa el abogado perplejo, esta organización, tan solidaria ella, seguro que le devuelve los 280 euros a Mbaye y a Lamine y a Alaya y a Kame y a El Hadji y a Darrou y a Noreimi, y al resto de los demás compañeros detenidos desde el viernes, 6. Después de todo, esa cantidad no supone nada para los exitosos escritores que acuden a ésta macrofiesta, y sin embargo para Mbaye y sus compañeros era toda una inversión de futuro.
