El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación para comprobar si es cierto que varios jueces destinados en tribunales andaluces recibieron obsequios de un grupo de empresarios imputado en el 'caso Malaya', la trama de corrupción política y urbanística desarrollada en torno del Ayuntamiento de Marbella.
Las indagaciones del Poder Judicial pretenden constatar el dato, escuchar a los beneficiarios de los regalos y determinar si los hechos obligan a la apertura de expedientes sancionadores contra los magistrados, al entender que su comportamiento pudo incurrir en una falta disciplinaria.
La investigación fue encargada anteayer al Servicio de Inspección por el propio presidente del CGPJ. Francisco José Hernando dio la orden tras conocer la existencia de las dádivas por los documentos publicados en medios de comunicación después de que el juez instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, levantase el secreto sobre esa parte del sumario. El también presidente del Supremo reunió ayer de forma extraordinaria a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces para explicar las medidas que había adoptado respecto a este asunto.
La apertura de las investigaciones se produce sólo una semana después de que el Consejo General del Poder Judicial suspendiese al juez número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía Peña, contra quien instruye una causa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por prevaricación y cohecho. El tribunal investiga si recibió ayuda del ex gerente de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, o de sus socios para adquirir una vivienda, y si le devolvió el favor en el ejercicio de su cargo.
«Una práctica habitual»
Los ficheros informáticos requisados por la Policía a la constructora Aifos, varios de cuyos directivos están imputados en el 'caso Malaya', indican que la empresa malagueña realizó regalos durante varios años a políticos, arquitectos municipales, notarios, directivos de banca, periodistas y a jueces destinados en la Costa del Sol o en capitales andaluzas, entre otros colectivos sociales. La empresa aseguró ayer que estos regalos son una «práctica habitual» en el sector empresarial que persigue establecer «canales de comunicación» con la sociedad y potenciales clientes.
El informe de la Policía, por su parte, indica que los promotores pretendían con sus regalos «crear condiciones favorables a sus intereses empresariales». La cuantía económica de los obsequios, el hecho de que se produjeran de forma «sistemática y continuada» en el tiempo y que los acumularan diversas personas, apuntan indicios de un delito de cohecho en varios de los perceptores, según los investigadores. Los obsequios, remitidos de forma especial en época navideña, son joyas, artículos de lujo, cestas de alimentos y bebidas de más 300 euros, jamones ibéricos, tratamientos de belleza y de salud, y estancias en hoteles, en su mayoría.
Uno de los listados incluidos en el sumario identifica al menos a cinco magistrados del tribunal superior de Andalucía y de la Audiencia Provincial de Málaga como receptores de obsequios. En unos casos se trata de bonos de alojamiento y tratamiento de salud y belleza para dos personas en el Hotel Guadalpín, un cinco estrellas de Marbella, y en otros sólo se les regala el bono para las sesiones de 'spa' del establecimiento. Las investigaciones policiales no aclaran si los magistrados del listado aceptaron y utilizaron estos regalos de los constructores o si los devolvieron.
El juez divide el sumario
El instructor del 'caso Malaya' ha decidido separar de la causa principal una parte de los hechos que se le imputan al ex alcalde marbellí Julián Muñoz y a su entorno, como son, entre otros, la que fuera su esposa, Maite Zaldívar, y su pareja Isabel Pantoja. Así, se desglosa los delitos que no tiene relación con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Esta resolución afecta, además de a Muñoz, Pantoja y Zaldívar, al hermano de esta última, a la hija del ex regidor, al director de banco, Benjamín Martínez, así como al corredor de bolsa Fernando de Salinas y al empresario José Miguel Villarroya, imputado por cohecho. El argumento es que determinados hechos, relacionados principalmente con el delito de blanqueo, pueden ser objeto de una instrucción independiente y enjuiciados por separado, lo que se considera «más adecuado».
En el auto, el magistrado precisa que la mayoría de los hechos que se le imputan a Muñoz y a estas personas «en nada tiene que ver el señor Roca y su grupo organizado», salvo en los casos de los pagos de 150.000 euros por permutas, hechos que «seguirán siendo objeto de este procedimiento».
