El problema de la conciliación de la vida laboral y familiar terminó ayer en una discusión casi cómica entre los ediles en la Comisión de Bienestar Social. La concejala popular, Conchita García, rechazó ayer la propuesta de abrir varios colegios y organizar actividades destinadas a los niños mientras sus progenitores trabajan. «Son los padres quienes tienen que compartir el ocio con sus hijos, son los principales educadores», alegó.
Roberto Sánchez Ramos, portavoz de ASCIZ e impulsor de la propuesta, ironizó posteriormente con esta respuesta. «No queremos secuestrar a los niños», dijo el edil, que explicó que la concejala de Educación había calificado durante la comisión su iniciativa como un «intento de absorber» a los chavales.
Lejos de esta intención, su objetivo era compatibilizar los horarios entre las familias trabajadores con las vacaciones escolares. «La medida era muy popular pero el grupo popular no la votó», lamentó Sánchez Ramos posteriormente en rueda de prensa. Incidió además en que es una solución para personas que «no cobran el sueldo de la edil y trabajan más horas».
Pero varias causas llevaron al PP a no votar a favor, según Conchita García. La primera es porque «ya hay un programa amplio, variado e integrador» con cursos en catorce centros sociales, donde participan 500 niños, aulas de apoyo escolar, y actividades en bibliotecas y de carácter deportivo.
«Fuera de casa»
Y la segunda, la más destacada y relacionada con la responsabilidad de las familias, se debe a que «no estoy de acuerdo en abrir los colegios mañana y tarde y que los niños estén siempre fuera de casa». En su opinión, la administración debe de «colaborar» no sustituir a los padres.
El edil del PSOE Manuel Ángel Rodríguez defendió que su grupo había votado a favor porque «es una necesidad» que las administraciones favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. Rodríguez también planteó llevar a cabo una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Drogas tras los conflictos de El Campillín, dado que los problemas de las personas adictas se «trasladan de barrio» pero no se atajan.
La concejala popular admitió la necesidad de estudiar este problema pero rechazó la reunión de los 37 agentes que integran el plan porque funciona «perfectamente».
