Sábado, 14 de julio de 2007
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Agentina revoca el indulto a los jerarcas de la dictadura con delitos de lesa humanidad
En un fallo histórico, la Corte Suprema permite juzgar a los dirigentes que fueron perdonados en 1989 por Menem
Agentina revoca el indulto a los jerarcas de la dictadura con delitos de lesa humanidad
Videla (con gafas), con los máximos dirigentes de la dictadura. / AP
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En un fallo considerado histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró ayer la «inconstitucionalidad» de los polémicos indultos otorgados en 1989 y 1990 por el presidente Carlos Menem a jerarcas de la dictadura militar (1976-83), que habían sido condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos en la represión ilegal a los opositores. La corte consideró que «los delitos de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse o indultarse».

Para la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la noticia es «importantísima» porque permitirá avanzar en un proceso que estaba estancado. Desde la anulación de las leyes de amnistía, hace dos años, muchas de las causas por violaciones a los derechos humanos se reabrieron. Pero las leyes anuladas sólo protegían a los subordinados de la represión. Los jefes, en cambio, se amparaban en el perdón presidencial que ahora cae con esta sentencia.

El tribunal se pronunció específicamente sobre el indulto al ex oficial Santiago Riveros, de 83 años, pero sienta jurisprudencia para indultados como el ex dictador Jorge Rafael Videla o Emilio Massera, entre otros. En esas otras causas la justicia ya está trabajando para depurar las responsabilidades de los que actuaron como represores en los centros clandestinos de detención; ahora, además, podrá actuar contra los que dieron las órdenes.

Menem había otorgado el indulto en dos tandas. El de fines de 1989 benefició a 64 militares entre ex comandantes del régimen y jefes de zonas creadas para la represión. El segundo, de 1990, fue para los uniformados que se sublevaron contra la democracia recién recuperada en los años ochenta, los llamados 'carapintadas'. Estos últimos seguirán gozando del beneficio.

Riveros era comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo, un cuartel que operó como centro clandestino de detención y torturas durante el régimen y por donde se estima que pasaron unos 4.000 prisioneros. Por su cargo, fue el máximo responsable de la llamada 'zona 4', una de las cinco en las que se dividió el país para organizar la persecución a los opositores y una de las más populosas.

En 1985 la justicia lo había acusado por más de cuarenta delitos graves. Centenares de testigos lo señalaron como responsable de secuestros, torturas y desapariciones en su zona. Sin embargo, en 1989 Menem lo indultó y poco después la Corte Suprema, integrada por otros miembros, declaró que el perdón era «constitucional». Allí quedó sellada la impunidad de los jefes. Hasta ahora.

Desde el indulto, Riveros gozó de libertad pero sólo por algún tiempo. A mediados de los años noventa se le volvió a acusar por apropiación de niños nacidos en cautiverio, un delito que no era objeto del indulto, y luego por su participación en el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.

Votos disidentes

Tras la anulación de las leyes de amnistía, la causa de Campo de Mayo avanzó y los querellantes pidieron que se declarase la inconstitucionalidad del indulto para que Riveros rindiera cuentas de su responsabilidad como jefe de la 'zona 4'.

Una mayoría de cuatro jueces -sobre siete- se pronunció a favor de otorgar la inconstitucionalidad basándose en que los delitos de lesa humanidad no pueden indultarse. Otros dos magistrados votaron en disidencia y el séptimo se abstuvo por haber sido uno de los integrantes del tribunal que avaló el indulto en 1990.

Los disidentes argumentaron que el indulto era «cosa juzgada» tal como había sostenido la defensa. Los magistrados señalaron que aún cuando se trata de delitos de lesa humanidad, la propia Corte había avalado el perdón en 1990 y un fallo opuesto contradiría su propia jurisprudencia.

Los analistas, en cambio, sostienen que entre 1990 y 2007 lo que cambió profundamente fue la perspectiva internacional de los procesos contra militares por genocidios y otros delitos contra la Humanidad. En eso contribuyó mucho la intervención del juez Baltasar Garzón en la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y en el impulso a los procesos contra militares argentinos.

 
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