El juez Juan del Olmo terminó ayer con la controversia que ha mantenido durante toda la semana con su homólogo en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los dos mantuvieron un pulso por ver quién se quedaba con la investigación en España derivada de la detención en Francia de Jon Iurrebaso, presunto interlocutor de ETA en los contactos con el Gobierno, y de su guardaespaldas, Kepa Suárez, el pasado 29 de marzo.
Del Olmo ha decidido inhibirse y traspasar a Garzón las diligencias judiciales que investigan los aspectos menores de este caso, los hechos que pueden constituir delito en España. En concreto, el robo del coche que conducían los etarras cuando fueron detenidos, las matrículas falsas que habían colocado y la documentación falsa que portaban.
El juez tomó ayer esta decisión después de que Garzón, ante su insistencia, justificase el jueves por escrito que reclamaba las diligencias porque desde abril pasado tiene abierta una investigación por presunta colaboración con ETA en la que consta un número de teléfono relacionado con los detenidos en Francia. Del Olmo entendió que ese elemento, que no había conocido hasta ahora, sí era un dato objetivo que justificaba que su colega se hiciese cargo de esta investigación.
Del Olmo, sin embargo, tomó la decisión después de haber ganado el primer asalto de la controversia. Logró ocuparse de instruir la comisión rogatoria internacional remitida en abril pasado por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert a la Audiencia Nacional y se la devolvió completada el miércoles pasado.
