1.650.000 euros. Esa es la cantidad que ha ingresado en estos últimos cuatro años Establecimientos Residenciales para Ancianos tras iniciar una campaña de control del patrimonio de los residentes en los geriátricos públicos. Tal y como adelantó EL COMERCIO, en 2003 el ERA puso en marcha este dispositivo tras detectar que sólo el 10% de los, entonces, 2.700 usuarios de las residencias de titularidad regional, hacían frente al pago del coste real de la plaza, cifrado en aquel momento en 857 euros.
El 90% restante aportaba menos de 300 euros (50.000 pesetas), debido a que cobraban una baja pensión, de la que aportaban el 75%. Sin embargo, la gerencia del ERA decidió investigar el patrimonio de los mayores, ya que descubrieron «que muchos tenían propiedades de las que no daban cuenta cuando ingresaban» o habían sufrido «el vaciado de sus cuentas bancarias antes de pedir plaza al ERA», según explicó en aquel momento el ex viceconsejero, Ángel González.
Ante esta situación, desde el ERA se llegó a un acuerdo con entidades bancarias, municipales, así como con Hacienda, para conocer «la situación patrimonial y económica del solicitante de plaza hasta cinco años antes de presentar la petición de ingreso».
Con ello, se abrieron cerca de 2.000 expedientes a otras tantas familias a las que se reclamó «el pago de la deuda acumulada por su familiar durante su estancia en uno de nuestros geriátricos, con las que hemos obtenido 1,6 millones de euros», aseguró el gerente del ERA, Faustino Álvarez.
En 2006, el precio mensual por plaza pública es de 1.021 euros, aunque el coste real de la misma está, según Gobierno y geriátricos privados, en más de 1.200 euros.
