DECIDIDO y aceptado el traslado de los astilleros de la bahía gijonesa a El Musel, una vez fusionados, medida ineluctable, se hace imprescindible algún recordatorio a los poderes públicos y privados implicados de una manera u otra en la mudanza. El primero, que no debe permitirse el desmantelamiento ni de un simple tornillo de las instalaciones actuales antes de que esté construida la nueva factoría en el puerto. El segundo, que en el reparto de las plusvalías que hubiera o hubiese con los terrenos liberados en la zona de El Natahoyo y Coroña ha de verse favorecido el erario público, para recuperar siquiera parte de la ingente cantidad de cientos de millones de euros dedicados por las administraciones -la estatal y la autonómica- a reconversiones y prejubilaciones en los últimos 25 años. Fueron recursos aportados por el contribuyente, y si ahora hay beneficios deben revertir al contribuyente. Y el contribuyente no es sólo el señor empresario, más veces de las tolerables especulador antes que emprendedor, también lo son el señor trabajador y el señor desempleado.
Sorprende, por otro lado, el anticipo de que el nuevo astillero tendrá una plantilla de 90 personas. Sería, pues, un astillero-oficina, sin soldadores, tuberos, caldereros, electricistas... Un astillero 'de síntesis', eufemismo que enmascara un nuevo concepto de la construcción naval, con el prestamismo laboral legalizado a través de las llamadas compañías auxiliares, o sea, salarios inferiores respecto a iguales tareas en la empresa principal, y mayores beneficios. El rumbo ha variado 180 grados. Estamos de nuevo en los años 70 del siglo pasado. Manda huevos.
