GIJÓN
El director de la ZALIA deberá declarar tras la denuncia del PP contra el anterior consejo de administración de Vipasa
Enrique Álvarez. / M. ROJAS
Nuevos imputados en el caso de los minipisos de la Laboral. Ángel Sorando, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, acaba de dictar una providencia en la que cita a declarar como imputados a varios cargos de la Administración regional ante la denuncia presentada en su día por el PP sobre la adjudicación del proyecto de construcción de minipisos para jóvenes en terrenos de la Universidad Laboral.
Entre otros, el juez cita a declarar como imputados al anterior director general de Vivienda del Principado y actual director general de la ZALIA, Enrique Álvarez, al director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Guillermo Morales, y al entonces director de Patrimonio, Elías José Uría, así como a los arquitectos Esteban Díaz y Rafael Rojo. El juez fija para los residentes en Oviedo, caso de los tres cargos públicos, los días 12, 13 y 14 de enero a las 10.00 horas.
La orden del magistrado llega después de que la ex gerente de Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), María José Hevia, prestase declaración ante el juez durante casi una hora el pasado 21 de octubre para explicar cómo se adjudicó el estudio técnico del proyecto de los minipisos.
El PP presentó una denuncia contra el anterior Consejo de Administración de Vipasa por «falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales».
La denuncia se argumenta en las supuestas irregularidades encontradas por el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons en el expediente de la adjudicación del proyecto de los minipisos que le fue remitido por Vipasa.
Según el PP, el contrato se adjudicó «a dedo» a un despacho de arquitectos madrileño (Díaz y Rojo) y por un montante superior al autorizado por el consejo de administración de Vipasa. Además, se otorgó once meses antes de que en el registro de Vipasa conociesen cuáles eran las ofertas. Asimismo, los populares denuncian que la operación superó en 61.000 euros la cantidad de 320.000 aprobada en su día por la empresa.
